La Fiscalía pedirá una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y su socio

Puede haber algún cambio mínimo de última hora, pero un año después del inicio de la investigación judicial y tras meses de cálculos, la cuenta está lista y ajustada hasta la última coma: 8.189.448 euros y 44 céntimos. Ese es el montante final que Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres tendrán que afrontar con su patrimonio para pagar la fianza civil por el daño que sus actividades al frente del Instituto Nóos supuestamente causaron a Hacienda. La Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias ultiman sus informes que presentarán de forma inminente ante el juez del caso, José Castro, y en el que exigen que el yerno del rey y Torres, al margen de las penas de cárcel a las que pueden ser sentenciados en un hipotético juicio, devuelvan todo el dinero que se llevaron de sus negocios con los gobiernos de Jaume Matas en Baleares y Francisco Camps en la Comunidad Valenciana.

Tanto en el Ministerio Público como la acusación parten de la premisa que los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con ambas administraciones autonómicas en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe ser devuelto al Estado, más un tercio de penalización. La Fiscalía es tajante: «Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos».

Anticorrupción quiere que todo el dinero que Urdangarin obtuvo con los Illes Balears Forum, los Valencia Summits, la promoción de los fallidos Juegos Europeos o la promoción del equipo ciclista Banesto-Illes Balears, entre otros, vuelva a las arcas públicas porque aquellos acuerdos fueron «decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa».

Y todo porque Urdangarin y Torres diseñaron una máquina perfecta para hacerse con esas adjudicaciones bajo «la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales». Con esa tapadera, según Anticorrupción, tuvieron acceso a fondos públicos.

Las acusaciones reclaman como primera opción la devolución total, pero dejan abierta otra posibilidad al juez. Que se contabilice como responsabilidad civil todo el dinero que Urdangarin y el ex profesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa y que asciende a 5.905.079 euros con 29 céntimos.

Sea cual sea de las dos cifras, la responsabilidad civil va a salpicar de forma indirecta a la infanta Cristina. La Fiscalía pide que comience a pagarse la fianza con el embargo de todos los bienes. Si con los bienes de las sociedades y mercantiles no se cubre la fianza, el yerno del rey y Torres deberán responder directamente con su bolsillo.

Responsables de Anticorrupción quisieron dejar claro que estas fianzas, y su abono o no, en nada van a variar las acusaciones penales a las que se enfrentan Urdangarin y Torres.