Gallardón no hará cesiones para evitar la huelga de jueces
. Comprende que no les gusten los recortes, pero rechaza un trato especial a los magistrados.
Ruiz-Gallardón conversa con la diputada de UPyD, Rosa Díez, en el pleno del Congreso.
Alberto Ruiz-Gallardón dio ayer a entender que no se plantea realizar cesión alguna para evitar la huelga con la que le amenazan jueces y fiscales para el próximo mes de enero.
Las siete asociaciones existentes de magistrados y acusadores públicos acordaron el miércoles dar un ultimátum al Gobierno. Comunicaron que si el Ejecutivo no da marcha atrás en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que ayer mismo aprobó el Congreso y acepta pactar con estos colectivos el resto de profundos cambios de la Justicia que tiene en preparación convocar el tercer paro en los tribunales de la historia democrática. Además, aseguraron que han perdido toda la confianza en la capacidad de diálogo del ministro y que solo aceptarán como interlocutor directo a Mariano Rajoy.
Gallardón no quiso entrar ayer en la confrontación directa, pero sí que dejó claro que la ley aludida, que termina con los jueces sustitutos y suplentes, aumenta la carga de trabajo de los magistrados, y reduce sus días anuales de permiso entre otras pérdidas laborales, no va a sufrir cambios tampoco en su tramitación final en el Senado.
El titular de Justicia se olvidó del resto de las demandas de las asociaciones, que se oponen a una futura ley que creen que va a restar competencias e independencia al Consejo General del Poder Judicial, a las tasas a los litigantes, y que desconfían del resto de las grandes reformas en cartera. Prefirió reducir todo el conflicto a términos de corporativismo.
El ministro señaló que el Gobierno está obligado a dar «a todos los servidores públicos el mismo trato» y que los colectivos judiciales «tienen que entender que no podamos mantener los 18 días de permiso o hacer un trato diferenciado en relación con la (supresión) de la paga extra de Navidad al que se ha hecho con el resto de los funcionarios». Dijo sentir «el máximo respeto por las decisiones de jueces y fiscales», pero concluyó con un explícito: «El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer».
A Gallardón tampoco parecen preocuparle demasiado los avisos de los grupos de la oposición parlamentaria, que aprovecharon los últimos debates de la controvertida reforma de la ley del Poder Judicial en el Congreso para pedirle que escuche «el malestar unánime de la Justicia» con sus reformas unilaterales. Los portavoces señalaron que, caso contrario, si no acepta el diálogo que le proponen los jueces y fiscales, tendrá que comprobar que a las «batas blancas» de los sanitarios rebeldes con las privatizaciones de hospitales en Madrid y a la «marea verde» de las protestas educativas se les unirán en la calle «las togas negras».
Quien sí pidió directamente a jueces y fiscales que reflexionen antes de convocar la huelga fue el propio Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz, Gabriela Bravo, recordó que los paros de magistrados, que son directamente un poder del Estado, no tienen cobertura legal en España.