El PP propone limitar y unificar concejales, liberados, asesores y sueldos
Gobierno y partido consensuarán la propuesta que enviarán al PSOE.
La sensación de que el Gobierno ha apretado el cinturón al máximo a los ciudadanos porque ha sido incapaz de adelgazar la administración pública no gusta ni en la Moncloa ni en la dirección del PP. Por ello, el Ejecutivo y el partido que lo sustenta quieren aunar sus propuestas para aminorar el gasto de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. La idea es que estas importantes modificaciones se aprueben con el apoyo del PSOE. Antes de enviar un documento marco a los socialistas, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunirán hoy con María Dolores de Cospedal, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y los consejeros de Presidencia de los gobiernos autonómicos del PP para consensuar una propuesta que dé respuesta a las aspiraciones de Mariano Rajoy.
El PP propondrá reducir el número de concejales en toda España, sobre todo en aquellos municipios donde perciben algún tipo de sueldo o dietas, el de asesores y de liberados sindicales. Además, los populares pretenden unificar los salarios en todos los ayuntamientos, según explicó ayer Cospedal al finalizar el comité de dirección del PP.
No obstante, el principal objetivo de la reforma será evitar que un mismo servicio lo presten más de una administración. Según los primeros cálculos de Hacienda, evitar este tipo de duplicidades supondría ahorrar unos 3.500 millones de euros. Una cantidad que, por ejemplo, es la misma que no ha podido afrontar el Estado para actualizar las pensiones con el IPC de noviembre de este año, que se situará cerca del 3%.
El Ejecutivo abogó desde un principio por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales, además de quitar competencias presupuestarias a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que quedarían en la órbita de las diputaciones provinciales. Unas medidas que encontraron un fuerte rechazo entre los responsables locales y provinciales, incluidos los elegidos por el PP.
Fuentes de esta negociación explican que la reforma se sustentará en tres líneas básicas: ejemplaridad, con la reducción de cargos públicos; racionalización, que incluye una nueva redimensión de la estructura política, con la supresión de empresas públicas y otros órganos supramunicipales y, clarificación bajo la premisa de una administración, una competencia.
La número dos del PP explicó que su formación se muestra optimista ante la posibilidad de llegar a un «gran acuerdo» con el PSOE.