Del Cabo y Díaz Ferrán, fin de semana en prisión pendientes de su futuro
La familia del ex presidente de la Ceoe hace «todo lo posible» para que deje la cárcel.
El comprador de Teconsa —del grupo Martínez Núñez y que entró en consurso de acreedores en el 2009—, Ángel del Cabo, y ex presidente de la Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, pasan su primer fin de semana en prisión pendientes de su futuro y de la libertad que podrían recuperar si sus familias logra la fianza de 50 y 30 millones de euros respectivamente impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
En la Operación Crucero, el magistrado envió el miércoles a prisión a Díaz Ferrán, al liquidador de empresas Ángel de Cabo y a otros seis imputados por el vaciamiento de Marsans, acusados de los delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, entre otros.
Para salir de la cárcel, el juez impuso a De Cabo, actual dueño, además de Teconsa, de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo turístico, una fianza de 50 millones de euros, la mayor establecida en España a título individual.
En el caso de Díaz Ferrán y de Iván Losada —mano derecha de De Cabo— el juez estableció que debían abonar 30 millones de euros cada uno para evitar la cárcel, la misma cuantía que se fijó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el caso Torras y que era la mayor hasta ahora.
Fuentes próximas a la familia de Díaz Ferrán consideran que la fianza es «demasiado alta» y añaden que presentar un aval por esa cuantía es incluso «muy complicado». No obstante, aseguran que su entorno está haciendo «todo lo posible» para que el ex empresario, que cumplirá 70 años el próximo 27 de diciembre, pueda salir de prisión «cuanto antes».
Tácticas
Las fianzas impuestas por el juez se explican porque tras el traspaso de Marsans a De Cabo, el liquidador pudo detraer activos del grupo turístico por al menos 30 millones de euros, que al parecer habían beneficiado directamente a Díaz Ferrán.
De hecho, en el auto de prisión del ex presidente de Ceoe se desveló que desde el 2010 Díaz Ferrán había estado cobrando 100.000 euros mensuales de De Cabo, mientras su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, no había recibido al parecer ningún pago hasta su muerte. En total, Díaz Ferrán y Pascual podían haber recibido 16 millones como contraprestación por haber traspasado sus bienes personales y el grupo Marsans a De Cabo, quien supuestamente maquinó operaciones para repartir efectivos y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores, que podrían rondar los 10.000.
De Cabo utilizó un elevado número de sociedades a las que desvió muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans a través de una trama que finalmente se destapó y que llevó a la Audiencia Nacional a ordenar el bloqueo de 50 millones que el entramado intentaba sacar de España.
Esa cantidad procedía principalmente de Air Comet, la primera compañía del grupo en ser declarada en concurso de acreedores; de Trapsa, dedicada al transporte por carreteras; y de las sociedades Holdisan y Grudisan, ambas propiedad de Díaz Ferrán.