El mundo judicial pide la dimisión de Gallardón por privatizar la Justicia
El ministro se defiende con el argumento de que «gobernar es repartir el dolor».
Varios trabajadores de Justicia de Cataluña.
El mundo judicial en bloque salió ayer a la calle para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dimisita por llevar a cabo una serie de reformas encaminadas a privatizar el acceso a la Justicia y no preocuparse de los verdaderos problemas de la administración judicial.
En unas concentraciones sin parangón llevadas a cabo en juzgados y tribunales de toda España, en las que se corearon durante una hora cánticos contra el ministro, éste salió al paso con nuevas acusaciones a los privilegios de los jueces, a los que recordó que tienen que ser consecuentes y compartir los esfuerzos económicos de los ciudadanos en general
Los paros parciales y las concentraciones tuvieron un nutrido seguimiento en los juzgados ordinarios y en las audiencias provinciales, pero fueron casi invisibles en las altas instancias judiciales: tribunales superiores autonómicos, Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. En cualquier caso, dada la dificultad para cuantificar el éxito o el fracaso de la protesta, la comisión convocante, compuesta por siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales, se mostró satisfecha con el resultado porque sus reivindicaciones sumaron adeptos en todo el sector judicial: abogados, secretarios judiciales, funcionarios de los juzgados, procuradores o consumidores.
El grito, creen, llegó al despacho del ministro. En todas las capitales se congregaron cientos de funcionarios y abogados que portaron pancartas y leyeron manifiestos de apoyo al acceso gratuito de la Justicia. Los lemas más repetidos fue
Ante la rotundidad de la protesta, el sindicato de funcionarios CSIF advirtió al ministro de Justicia de que el paro fue «un primer aviso» y reiteró la necesidad de abrir las mesas de negociación si no quiere que las movilizaciones vayan en aumento.
Como aperitico a una huelga que cada vez cobra más cuerpo, el 20 de diciembre está programado un apagón informático y en enero se ha convocado una gran manifestación en Madrid. «El ministro no debe olvidar a los cerca de 70.000 trabajadores de la administración que permiten que la Justicia funcione», avisó su portavoz, Francisco Lama.
Contraataque
Pero para Ruiz-Gallardón parece que estas advertencias son cantos de sirena porque ayer volvió a contraatacar con duras acusaciones a los jueces y con un mensaje claro al sector judicial: «Gobernar, a veces, es repartir dolor». El ministro insistió en la cadena Cope que los magistrados están disgustados por perder la paga extra de Navidad y ver reducidos de 18 a 12 sus días de permiso. Hurgó además en la herida abierta con su denuncia de que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura le pidió por carta subir las tasas, y añadió que no solo pidieron el incremento sino que lo hicieron con la idea de que este gravamen financiara un plan de pensiones para ellos. Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente y juez decano de Zaragoza, negó que las protestas respondan a una causa laboral, sino que más bien obedecen a un plan de reformas que ha chocado con todo el mundo judicial.