Mas y Junqueras no consiguen cerrar el pacto de gobierno para Cataluña

Después de más de tres horas de reunión, Artur Mas y Oriol Junqueras no fueron capaces este viernes de sellar el acuerdo político para garantizar la estabilidad del futuro Govern catalán, el que deberá convocar una consulta sobre la autodeterminación y a su vez hacer frente a la situación económica más delicada en décadas.

El pacto, pendiente de unos flecos que CiU y ERC deberán limar este sábado, está previsto que gire sobre tres puntos: asegurar la investidura de Mas, fijar el compromiso para que Cataluña celebre un referéndum y establecer nuevas medidas fiscales y presupuestarias, la mayoría de ellas tendentes a dar un giro fiscal de la Generalitat.

Tragar con ERC

Artur Mas no quería, pero al final deberá tragar con un buen puñado de medidas de corte progresista que le proponían los republicanos y que eran condición sine qua non para que la alianza fuera posible. La estabilidad, por tanto, le puede salir cara al president de la Generalitat, ya que el giro social que Esquerra le exigía se podría traducir en un aumento de los ingresos de la administración catalana, vía impuestos, de unos mil millones en 2013, que tratarán de mitigar una cuarta parte del tijeretazo de 4.000 millones que el consejero catalán de Economía fijó como cifra obligatoria para cumplir con el objetivo de déficit. En concreto, Mas con toda probabilidad tendrá que recuperar el impuesto de sucesiones para las rentas más altas, una de las medidas estrella de CiU durante la pasada legislatura y que el propio líder de CiU se negaba a asumir puesto que fue una promesa electoral en el 2010.

Más impuestos

Los equipos negociadores pactaron el incremento del impuesto de patrimonio y el de las grandes superficies y asumieron la creación de nuevos impuestos sobre las centrales nucleares, sobre los pisos vacíos (para incentivar que se pongan en el mercado) y una tasa, llamada euroviñeta, para camiones de gran tonelaje que circulen por las carreteras de titularidad catalana. El euro por receta, que Esquerra también quería derogar, en principio se mantendrá, aunque puede que quien acabe suprimiéndola sea el Constitucional, después de que el Gobierno central anunciara ayer que lo recurrirá.