El Gobierno ya trabaja en la reforma de la financiación autonómica

El Gobierno comienza a cambiar algunas de sus prioridades. Si Mariano Rajoy aseguró en septiembre del 2012 que no era urgente «plantear en estos momentos una reforma de la financiación autonómica», porque «es plantear el reparto de lo que no hay», fuentes del Ejecutivo indicaron ayer en Argel –donde el presidente y cinco ministros participaron en una reunión bilateral con Argelia– que ya han comenzado los trabajos para reformar el actual sistema, vigente desde que lo aprobó en el 2009 José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, Rajoy mantuvo un despacho el pasado día 7 con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien se encarga de coordinar a todos los equipos que participan en la elaboración del nuevo reparto de fondos a las comunidades autónomas.

Se trata de una exigencia de presidentes autonómicos socialistas, como el andaluz José Antonio Griñán, pero también de populares como el madrileño Ignacio González o el valenciano Alberto Fabra. Un gesto que, sin embargo, consideran insuficiente desde Cataluña. Artur Mas, en septiembre, en su última visita a Madrid, le dejó claro a Rajoy que no aspiraba a mejorar el actual modelo, sino que solo admitía para su territorio un pacto fiscal que equiparase a Cataluña con el País Vasco o Navarra, que le permita ser el recaudador de todos los impuestos. CiU, de la mano de ERC, ha dado un paso más y ahora solo busca la segregación.

El Gobierno, de momento, no aclara si el documento se aprobará este año y entrará en vigor en 2014 o si las negociaciones –tanto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera como en la Conferencia de Presidentes– se prolongarán hasta 2015, último año de la presente legislatura.

Fuentes del Ejecutivo insisten en destacar que el problema de las autonomías es el fuerte descenso en los ingresos –más del 20% en los dos últimos ejercicios– y vinculan el éxito del nuevo modelo de financiación a las políticas de austeridad y a la reforma de todas administraciones, la central, la autonómica y la local. Ésta última es la más avanzada. De hecho, se aprobará en el Consejo de Ministros del 18 ó del 25 de este mismo mes.

Desde Moncloa confían en que se logre un acuerdo previo con el mayor consenso posible, que incluya tanto a PP y PSOE como a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Ya se ha avanzado en asuntos tan espinosos como la concreción de un máximo salarial para los alcaldes –que en ningún caso podrá superar los aproximadamente 70.000 euros anuales que ganan los secretarios de Estado–, la supresión de cientos de mancomunidades de municipios –todas las que se consideren inviables económicamente–, y la desaparición de las denominadas competencias impropias, servicios públicos que prestan los ayuntamientos en áreas como educación, sanidad y servicios sociales, que son potestad de los gobiernos autónomos.