El Poder Judicial ve parte de la reforma penal del ministro inconstitucional

El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer un informe que presenta «amplísimas» dudas sobre la constitucionalidad de la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El documento ataca con dureza una de las medidas estrellas del anteproyecto de ley, la denominada custodia de seguridad, que permitiría mantener en prisión a un reo hasta diez años después de haber cumplido su pena.

Diecisiete de los 21 vocales del Consejo consideraron que esta propuesta es incompatible con la legalidad constitucional. «Se trata de la medida más onerosa a imponer a un penado» porque prevé ampliar la privación de libertad en un centro penitenciario una vez cumplida la pena impuesta por los tribunales. La razón es que se vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad de las penas, explicó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo. La relación de delitos a los que se puede aplicar esta custodia de seguridad, según el informe, puede motivar la existencia de «arbitrariedades», ya que se refiere a homicidios terroristas y de menores, asesinato tras una violación o a los crímenes múltiples. Un sector minoritario no encontró problemas de constitucionalidad.