Las fuerzas catalanas negocian una declaración asumiendo que el consenso está muy lejos

Por primera vez en más de 30 años desde la recuperación de la democracia, la Cámara catalana aprobará el miércoles próximo una declaración que erigirá a Cataluña como sujeto político con plena capacidad para tomar decisiones de forma soberana y por tanto poder determinar si en el futuro querrá ser independiente, o un estado dentro de una estructura federal, confederal o una comunidad autónoma.

Aunque el texto será una resolución puramente política, un mero pronunciamiento sin ningún efecto normativo ni jurídico y a pesar de que la Cámara ya se ha pronunciado en cuatro ocasiones previas a favor del derecho a decidir, su importancia reside en que se trata de una proclamación de intenciones, manifestada en un contexto de desafío del marco constitucional como el que plantean CiU y ERC. Y fija además el inicio de un proceso, la primera etapa de una hoja de ruta consensuada por CiU y ERC en la transición nacional hacia un estado propio. La estación central de esa agenda está prevista en el 2014, que es cuando la Federación nacionalista y Esquerra quieren celebrar el referéndum sobre la independencia.

Trascendencia

Su intención inicial, aunque desde el Gobierno solo han recibido negativas, es pactar la convocatoria de la consulta con el Ejecutivo central. Por ello, cobra trascendencia el resultado de la votación del miércoles. La idea de Artur Mas es reunirse próximamente con el presidente del Gobierno (tras hacerlo con el rey) para abrir el proceso de negociación con el Estado para el ejercicio del derecho a decidir que contempla la hoja de ruta pactada con ERC.

De ahí, el interés que han mostrado CiU y ERC por que se sumen el máximo de fuerzas a la declaración. Y es que no es lo mismo acudir a la cita con Rajoy con un texto respaldado por dos fuerzas (aunque sumen la mayoría absoluta) que hacerlo con los dos tercios de los escaños o el 80%, como quiere Mas. Este porcentaje lo suman las cinco formaciones que se muestran favorables a que Cataluña pueda ejercer su derecho a decidir (CiU, ERC, PSC, ICV, CUP) y que negociarán entre ellas hasta minutos antes de que se produzca la votación.

El texto cuenta a día de hoy con el aval de casi dos tercios del arco parlamentario catalán, y a excepción del PP, Ciutadans y el PSC, el resto de fuerzas (CiU, ERC, ICV y CUP) respaldarán la resolución. El máximo consenso se antoja una quimera, pues el PSC rechaza la definición de Cataluña como sujeto político soberano y limita el derecho a decidir al marco legal vigente. Los socialistas ya han fijado sus líneas rojas y difícilmente las traspasarán a no ser que quieran verse abocados a una guerra con sus compañeros del PSOE.