No habrá nuevas herramientas legales contra los corruptos

La portavoz del Gobierno puso énfasis en la ley de Transparencia y mostró su disposición a ampliar la aplicación de la norma a partidos, sindicatos y también a las Cortes Generales, excluidos del proyecto , centrado sobre todo en la transparencia de las administraciones públicas.

Si hay «acuerdo entre partidos, bienvenido sea», comentó Sáenz de Santamaría, y la ley se extenderá a todas las esferas de la vida pública, con la excepción de la Casa del Rey porque existe un criterio general sobre «la no obligatoriedad» de someter a las casas reales a la fiscalización pública de sus actividades. Se mostró tajante en negar que los casos de corrupción supongan una crisis de la democracia. «Este país funciona, sus instituciones también y la democracia es fuerte».

El Gobierno, por tanto, considera que no es necesario adoptar nuevas herramientas legales para combatir a los corruptos porque la legislación española es «homologable» con la del resto de Europa. La vicepresidenta, de todas maneras, se mostró abierta a endurecer la ley y ser «más rigurosos» si así se atajan los casos.