El nuevo mapa de titulaciones no dependerá ni de la crisis ni de la demanda
La reordenación del mapa de titulaciones universitarias en Castilla, que en forma de decreto aprobará el Boletín Oficial (BOCYL) «a finales de marzo o principios de abril», no dependerá ni del actual contexto de crisis económica, ni específicamente de la demanda de alumnos que tengan los grados.
«Se equivocan quienes dicen que la reforma esconde una intención de recorte económico o presupuestario y de profesores», de ahorrar dinero en plena crisis, porque «no es este un problema de naturaleza económica sino de la búsqueda de eficacia», ha precisado esta mañana el consejero de Educación, Juan José Mateos.
Ha sido en la comisión correspondiente de las Cortes regionales, donde Mateos ha informado a los grupos parlamentarios del denominado «Decreto sobre ordenación de las enseñanzas de grado y máster universitario en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León», enmarcado en el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) y «con la vista puesta en 2020».
«No obedece tal iniciativa a una decisión caprichosa de la Junta de Castilla y León, ni es tampoco una consecuencia más de la crisis económica», sino de «ordenar y poner al día nuestro sistema universitario» con el fin de racionalizar, flexibilizar y conjugar la oferta académica que ofrecen las cuatro universidades públicas de la comunidad autónoma -Burgos, León, Salamanca y Valladolid-.
La necesaria adaptación de las titulaciones existentes a los cambios exigidos por una sociedad dinámica, el fortalecimiento de las relaciones entre el ámbito académico y las empresas, así como la utilización de las nuevas tecnologías son algunos de los criterios seguidos para esta reordenación consensuada entre el Gobierno regional y las universidades, ha recordado el consejero.
«Hay que conseguir unas titulaciones con la mayor visibilidad nacional e internacional posible», lo que «sin duda nos permitirá disponer de cuatro universidades públicas excelentes, competitivas, con identidad, que exploten sus puntos fuertes, aunque esto no requiere que todas ellas tengan todos los estudios», ha advertido.
La supresión de grados con escasa y progresiva demanda, carentes de especificidad, trascendencia académica o de referencia en un determinado territorio será una de las consecuencias de este decreto con el fin de «racionalizar la oferta», que no afectará a otros estudios minoritarios pero básicos como Matemáticas, Lenguas Clásicas o Filosofía, se ha apresurado a aclarar a modo de ejemplo.
Se trata también, ha precisado, de corregir «desajustes o disfunciones» como la repetición de una titulación en siete campus «y casi todos con menos de veinte alumnos de media en los tres últimos cursos», o los numerosos grados «que se repiten en dos o tres universidades», ha insistido en este punto.
Las características demográficas y geográficas de Castilla y León (escasa población en un territorio amplio) ha obligado a rebajar hasta 35 alumnos por grado la cifra mínima aceptable para mantener una determinada oferta académica, pese a que «algunos estudios y publicaciones» sitúan en cincuenta el mínimo idóneo para establecer ese «equilibrio deseable» entre costes y beneficios sociales.
Quedarán eximidas de este límite numérico las titulaciones que se declaren «de interés especial» para la comunidad y las que sean impartidas por una única universidad en un único campus de Castilla y León, ha aclarado antes de llamar la atención sobre las «enormes oportunidades» que brinda internet a la enseñanza «y los peligros que se derivan de ignorarlo».
«Desde aquí quiero exhortar a las universidades a que den pasos decisivos en ese camino», ha apostillado.
Mateos ha pedido «altura de miras» y «visión de futuro» para «saber leer e interpretar el signo de los tiempos» y afrontar así «un problema coyuntural agravado por la crisis económica», pero que «es más bien un reto, un desafío frente al que los nuevos tiempos habían puesto a la universidad».
En ese recorrido no va a contar la Junta con el apoyo del Grupo Socialista, cuyo portavoz, Fernando Pablos, ha instado a la retirada del decreto por considerar que no atiende a los grandes problemas que a su juicio tiene la enseñanza superior (investigación, desarrollo e innovación).
El PSOE, a cambio, ha ofrecido «un gran acuerdo universitario» para abordar un mapa de titulaciones que, a juicio del procurador Alejandro Valderas (Grupo Mixto-UPL), no ha contado con la participación de la sociedad.