OPERACIÓN CABALLO DE TROYA contra el grupo martínez núñez
Detienen a los hijos de Martínez Núñez en una redada por blanqueo de capitales
Un juez de Santiago investiga la venta de los hoteles a De Cabo por insolvencia punible y falsedad. Entre los 15 detenidos hay cinco en Madrid, siete en Valencia, dos en Ponferrada y uno en La Coruña.

Los agentes cuentan billetes requisados en la operación
Los hijos del empresario berciano José Martínez Núñez, José Luis y Maribel Martínez Parra, son dos de las al menos quince personas detenidas ayer en diversos puntos de España en una espectacular operación coordinada desde Galicia, fundamentalmente contra el blanqueo de capitales y diversos delitos fiscales. Las detenciones de los primogénitos del industrial se produjeron durante los registros que agentes de la Udef de la Dirección General de la Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera se desarrollaron tanto en las oficinas centrales de Martínez Núñez en Ponferrada, en pleno centro neurálgico de la ciudad, como en la calle Serrano 41, en la capital de España.
El foco de la operación judicial tiene no obstante su origen en la comunidad gallega. Más concretamente en la investigación del controvertido proceso a través del que el grupo Martínez Núñez traspasó todos sus hoteles en la autonomía vecina al administrador valenciano Ángel de Cabo, ahora en prisión por la venta presuntamente fraudulenta del grupo Viajes Marsans, propiedad del ex presidente de la Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, también encarcelado desde hace más de un mes. Ángel de Cabo se convirtió en su momento en el comprador de Teconsa, la constructora del grupo Martínez Núñez, y buque insignia de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores.
Según pudo conocer este periódico en medios judiciales, la Unidad de Delincuencia Económica (Udef) y el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, no sólo investigan a la mayor parte de los detenidos por el blanqueo de capitales. El juez encargado del caso, el magistrado de Juzgado de Primera e Instancia número dos de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, busca asimismo pruebas de insolvencia punible y falsedad documental. También se registró el bufete de abogados Aszendia.
Ladrillos y cemento
La operación, bautizada como Caballo de Troya, seguía anoche sin estar ni mucho menos cerrada. Al margen de la detención de Maribel Martínez Núñez en Ponferrada también permanece arrestada su secretaria. El número de detenidos en Madrid ascendía a cinco, otros siete individuos fueron interceptados por la policía en Valencia y uno más en La Coruña.
En este último caso, uno de los responsables de una de las compañías con las que el grupo Martínez Núñez operaba en el sector cementero, Gallega de Molienda, también investigada desde hace dos años por presuntas actividades fraudulentas en el tráfico de clínker. Aunque a última hora fue puesto en libertad imputado por alzamiento de bienes y delito fiscal.
Los investigadores conectan en cambio a los detenidos en la comunidad valenciana con la órbita de Ángel de Cabo, que además del liquidador de Marsans es también el propietario de Teconsa, la constructora de Martínez Núñez que quebró en buena medida al hilo de su involucramiento en el caso Gürtel y cuyo fundador, el octogenario José Martínez Núñez, se encuentra desde ya algunos meses en un estado de salud muy delicado. La investigación del juez Taín al margen de la venta de los hoteles de la cadena de Martínez Núñez al propio De Cabo también enlaza de otro lado con la operación Crucero mediante la que se trata de esclarecer la adquisición en el año 2010 por parte del «liquidador» las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio y con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.
Semanas de «análisis»
La operación desarrollada durante toda la jornada de ayer continúa en marcha y no se descarta que en las próximas horas puedan efectuarse nuevos arrestos. Entre lo detenidos también figura en Madrid el hijo del que fuera presidente de la Ceoe, José María Cuevas.
En círculos judiciales, según informó a última hora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se dejó claro textualmente que el «análisis de la documentación hallada en los registros llevará semanas».