La operación surge del caso Crucero que llevó a la cárcel a De Cabo y Díaz Ferrán
Están imputados de 5 delitos, entre ellos blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Ángel de Cabo, en una imagen de archivo, en su despacho.
Son dos operaciones, tienen nombres distintos y las llevan diferentes juzgados y magistrados, pero las investigaciones de Caballo de Troya y Crucero están directamente interrelacionadas.
De hecho, según Europa Press, la operación Caballo de Troya, en cuyo marco están detenidos los hijos de Martínez Núnez, José Luis y Mª Isabel Martínez Parra, tiene su origen en el caso Crucero en el que, entre otras cuestiones, se investiga al empesario valenciano que se quedó con Teconsa —la constructora del Grupo Martínez Núñez— en el 2009, Ángel de Cabo, por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.
Operación por la que De Cabo y el presidente de la Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, permanecen en prisión desde el 5 de diciembre del 2012. Y que para evitarla, Ángel de Cabo debe pagar 50 millones de euros, la mayor fianza de la historia.
Al liquidador de Teconsa, que se hizo con ella por el mismo procedimiento que realizó en Marsans y Nueva Rumasa, a través de su sociedad Possibilitum, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le imputa hasta cinco delitos: alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión del juez, según recogía la agencia Efe, se reveló que el ex presidente de la Ceoe —al que el juez acaba de rebajar su fianza de los 50 a los diez millones por motivos de salud— recibía desde el 2010 un pago de 100.000 euros mensuales de Ángel de Cabo. Un pago que servía para completar los ocho millones de euros, como contraprestación por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes personales.
En concreto, en el auto, se apunta que el acuerdo implicaba traspasar «el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros, al entramado de este último creando una aparente solvencia» del empresario, que se declaró en concurso de acreedores a finales del 2010.
El despacho de Aszendia
La base operativa de De Cabo, según las investigaciones, era el despacho de abogados Aszendia, con sede inicial en Castellón, pero también en Madrid, donde precisamente ayer se llevó a cabo uno de los registros por parte de la policía y de la Agencia Tributaria y que acabó con la detención de José Luis Martínez Parra.
Es desde este despacho desde el que el empresario valenciano, que hasta la aparición de los escándalos que le han llevado a la cárcel, ha ido construyendo sus red de sociedades.
La primera empresa en la que cobró cierto protagonismo fue la sevillana Construcciones Azagra, donde entró con Nuevas Formas y Diseño (NFD). Después adquirió Omega Urbacivil, Vías Canales y Puertos y la conductora de Martínez Núñez, Teconsa, que precisamente ahora vuelve a ser el epicentro de una investigación policial, que tiene su arranque en la operación Crucero.
Actitud «chulesca»
El liquidador de Teconsa hacía gala en muchas ocasiones de una actitud «chulesca» y que no tenía ningún reparo en recurrir a métodos al margen de la ley para conseguir sus fines. De hecho, según la agencia Efe, el juez instructor del caso Nueva Rumasa, Pablo Ruz, le imputó por realizar prácticas de «extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes».
Acostumbraba en muchos casos a terminar sus frases con coletillas siniestras como «atente a las consecuencias», o «te voy a poner un detective». «La mayoría de la gente se acojonaba al escuchar esas cosas. Yo no lo hice», rememora Joaquín Yvancos, abogado de la acusación en el caso que investiga la emisión de pagarés por la familia Ruiz Mateos para financiar Nueva Rumasa.
Pese a todo, según la investigación De Cabo era consciente de convivir con una posibilidad que le aterraba: acabar entre rejas.
