El campo vuelve a las lonjas para el control de los precios y la calidad de los productos

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, presentó ayer al Consejo de Gobierno de Castilla y León el anteproyecto de la Ley Agraria, una norma que surge «ante la necesidad de adaptar el sector a la Política Agraria Común, dar respuesta a las presiones sobre el suelo agrario y corregir los desequilibrios en la cadena de valor», señaló Clemente en su comparecencia ante la prensa, una vez terminada la reunión del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, y regresa a las lonjas para garantizar la transparencia en la formación de los precios y fomentar la calidad de la producción.

Según la información facilitada ayer, el anteproyecto es especialmente extenso en los que a comercialización se refiere y crea el mercado de productos agrarios en origen —lonjas— para fomentar las operaciones de compraventa, «garantizando la transparencia en la formación de los precios agrarios y en la información sobre los mismos», además de concentrar la oferta y la demanda y fomentar la calidad de las producciones. El sistema se regulará con un Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León.

Además, se introduce en el ordenamiento jurídico de la Comunidad las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, formadas por organizaciones de los productores, la transformación y la comercialización agraria. Las interprofesionales velarán por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y promoverán la eficiencia y transparencia de los mercados.

El arbitraje

El anteproyecto contempla la inclusión de cláusulas que permitan la resolución de conflictos en los contratos agrarios en la Junta de Arbitraje, «un instrumento inmediatamente anterior al judicial, que evitará recurrir a los tribunales y el consiguiente pago de tasas y busca que disminuyan los conflictos», manifestó Clemente. La Junta de Arbitraje será competente tanto en contratos suscritos entre la industria agroalimentaria y la distribución como en los que se suscriban por arrendamientos rústicos.

También se crea la figura del defensor de la cadena alimentaria, que controlará y denunciará posibles prácticas abusivas en las relaciones contractuales entre productores y compradores y, de manera especial, velará por el mantenimiento de un precio mínimo que cubra al menos los costes de producción. De esta manera se quiere evitar una posición dominante del distribuidor y comprador como en estos momentos sucede en el sector lácteo. Sin embargo, la consejera reconoció que las resoluciones del defensor de la cadena agroalimentaria «no serán de obligado cumplimiento, porque no es un tribunal». Silvia Clemente considera que «será la sociedad quien sancione a las industrias» que incurran en abusos «al no comparar sus productos» y explicó que, aunque se registrarán los datos de los denunciantes, su filiación no trascenderá. «Serán denuncias anónimas», ya que hasta ahora, relató, no se interponen denuncias ante el Tribunal de la Competencia «por miedo a que se conozcan los datos de los denunciantes», aseguró la responsable de Agricultura.