La Operación Pokémon pone en jaque al gobierno de Santiago

El Gobierno municipal que ostenta el PP en Santiago de Compostela se tambalea a causa de la Operación Pokémon, que investiga supuestos sobornos a cargos políticos a cambio de adjudicaciones públicas. La detención el pasado jueves del concejal de Seguridad Ciudadana, Albino Vázquez Aldrey, y del ex asesor municipal Ángel Espadas por su supuesta implicación en esta trama de corrupción vienen a sumarse a la propia imputación del alcalde, Ángel Currás, y la dimisión de su antecesor en el cargo, Gerardo Roa Conde, tras ser este encausado por un delito contra la Hacienda Pública.

De momento, el PP ha optado por cerrar filas apoyado en la mayoría absoluta de 13 concejales contra los 12 de la oposición que le otorgaron las urnas en 2011, tras 28 años consecutivos de ejecutivos socialistas. Ayer, Currás anunció que asume él mismo las competencias del edil arrestado para a continuación pedir disculpas públicas por lo sucedido y expresar su intención de mantenerse en el cargo. Ello a pesar de que, dijo, «lo más fácil sería dimitir», aunque no lo hará «por un ejercicio de responsabilidad».

Está por ver sin embargo si la dirección autonómica del PP se mantiene al margen del escándalo. El presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ha hecho bandera contra la corrupción desde que juró el cargo en abril de 2009 y este mismo jueves ya lanzó un primer aviso a sus correligionarios compostelanos al reconocer que la situación en este Ayuntamiento «no es normal». A pesar de ello, la portavoz del PPdeG, Paula Prado, señaló que la dimisión de Currás «no es la mejor opción».

Declaran los imputados

Los nueve detenidos el jueves, cuatro en Galicia, cuatro en Cataluña y uno en Asturias, comenzaron a declarar ante la juez Pilar de Lara, instructora del caso. La magistrada dictó prisión para el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, ante su negativa a declarar.