DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN
Rajoy anuncia que aumentará las penas por corrupción y auditará el patrimonio de altos cargos
El Gobierno movilizará 45.000 millones para mejorar la situación de las empresas y plantea una ley que regule la actividad financiera de los partidos
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto hoy hacer una auditoría de la situación
patrimonial de todos los cargos públicos al final de su mandato y ha anunciado
que incrementará las penas por corrupción y el plazo de prescripción de este
tipo de delitos. Rajoy reclama "un amplio acuerdo" contra la corrupción extendiendo la ley de
transparencia a partidos, sindicatos y patronal, y con una "ley orgánica de
control de la actividad económica financiera de los partidos.
También aseguró que el Gobierno movilizará casi 45.000 millones de euros para mejorar la situación de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, a través de diferentes medidas. Así lo ha señalado Rajoy durante su comparecencia en el debate sobre el estado de la nación, donde ha explicado que una de las medidas será la ampliación de las líneas ICO para que el instituto movilice 22.000 millones este año.
Además, las entidades bancarias saneadas movilizarán créditos por valor de 10.000 millones en créditos a pymes y se creará un nuevo sistema garantía de avales de la sociedad estatal de crédito y de la sociedad de crédito a la exportación por 1.700 millones.
Para elevar la financiación no bancaria de las empresas, el Gobierno pondrá en marcha diversas medidas como la potenciación del capital riesgo, con un impacto de 2.000 millones de euros, la reactivación del fondo de titulización para pymes con 3.000 millones o el impulso del mercado alternativo bursátil.
Por otro lado, para reducir la morosidad de las administraciones públicas, el Gobierno ampliará el plan de proveedores para las facturas anteriores al 1 de enero de 2012 de actividades que se quedaron fuera del primer plan. La nueva ampliación contará con una dotación de 2.700 millones.
Por su parte, las administraciones públicas, tendrá que adquirir un compromiso de reducción de la deuda que mantiene con los proveedores en sus planes de ajustes y dicho compromiso estará sometido a una "vigilancia muy estrecha".