El Constitucional decidirá si son legales los ‘tijeretazos’ en sanidad y educación
Cataluña, el País Vasco y Canarias lanzan la batalla judicial contra el Gobierno.
La batalla judicial entre el Gobierno y las comunidades autónomas por los recortes ya está planteada. El Tribunal Constitucional admitió a trámite ayer tres recursos contra los recortes en sanidad y educación presentados por Cataluña, el País Vasco y Canarias.
Al igual que hicieran antes otras comunidades como Andalucía o Asturias, los tres Gobiernos autonómicos aseguran que los decreto ley para la racionalización del gasto educativo público y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobados en abril por el Consejo de Ministros —y que supusieron un ajuste de 10.000 millones de euros— invaden sus competencias.
El decreto ley de medidas sanitarias pretendía ahorrar 7.000 millones de euros. Para ello instauró el copago farmacéutico a los pensionistas y retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’. En su recurso, la Generalitat catalana denunció que estas medidas vulneraban sus competencias y además la atención sanitaria que recoge la Constitución, al excluir a inmigrantes irregulares del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.
El decreto sobre educación supuso un tijeretazo de 3.000 millones de euros mediante el aumento del ratio por alumno en clase hasta un máximo del 20%. Además, incrementó la jornada lectiva de los profesores a 25 horas y la subida de las tasas universitarias para acercar el coste que paga el alumno hasta al precio real.