El Gobierno denuncia que el grupo antidesahucios es «filoetarra»

Para la delegada del Gobierno en Madrid, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son «filoetarras». Cristina Cifuentes denunció que la portavoz de ese movimiento, Ada Colau, y «otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu, y estos grupos tienen mucho que ver con ETA». Unas palabras que desencadenaron una tomenta de reacciones contrarias, incluidas las del PP.

Cifuentes mencionó como prueba de cargo que «Stop Desahucios», una organización integrada en ese colectivo, apoyó «explícitamente una manifestación a favor de los presos de ETA». También citó el hecho de que Bildu, la etiqueta electoral de la izquierda abertzale, respalda «todas las reivindicaciones» de la plataforma antidesahucios. Con estos datos en la mano, la delegada del Ejecutivo de Mariano Rajoy, dijo no tener dudas de la existencia de vínculos y «una comunión de ideas» con ETA y su entorno.

La delegada subrayó «la violencia y coacción» que practican algunos miembros del movimiento que recuerdan «casi a la kale borroka». Cifuentes precisó que se refería a las protestas ante las viviendas de políticos, los llamados ‘escraches’, que «no son tolerables» porque son formas de protesta «coactivas». Unos actos, añadió, que «curiosamente» solo afectan a diputados del PP, pero no de otras fuerzas políticas, una discriminación que evidencia una «intencionalidad política».

Estas protestas se han recrudecido en las últimas semanas y consisten en concentraciones ante los domicilios de dirigentes políticos, sobre todo del PP, en diferentes ciudades para reclamar cambios en la ley hipotecaria. Los manifestantes portan carteles en verde con la leyenda «si se puede» y otros en rojo con el texto «¿pero no quieren?». Las protestas suelen derivar en acusaciones, a veces agresivas, al político interpelado por su rechazo a las medidas propuestas por la plataforma, como la dación de la vivienda en pago por la hipoteca, incluida en la Iniciativa Legislativa Popular que presentaron en el Congreso en febrero.

Estas concentraciones empezaron a realizarse en la década de los noventa en Argentina, de donde toma el nombre de escrachar que significa descubrir y poner en evidencia. Se efectuaban frente a las viviendas de militares implicados en la represión durante la dictadura, y también se extendieron a Chile y Uruguay.

Ada Colau tachó de «inmoral e infamia» la acusación de la delegada del Gobierno en Madrid, contra la que estudia tomar medidas legales. «Es -replicó- una acusación gravísima, y al mismo tiempo ridícula, mezclar a la plataforma con el terrorismo porque no tiene nada que ver». La portavoz sostuvo que su organización -que hasta ahora ha impedido 598 desalojos de familias, según sus datos- es «apartidista, independiente y plural». Las palabras de Cifuentes tienen, en su opinión, el objetivo de tender «una cortina de humo» para no modificar la ley hipotecaria, una norma abusiva, según la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.

Las críticas surgieron desde todos los frentes. El PSOE calificó de «barbaridad» los comentarios de la delegada; IU pedirá explicaciones al Ministerio del Interior. Hasta el PP desautorizó a Cifuentes.