Rupturas sin daños colaterales

Miércoles Santo. Comienzan las vacaciones escolares y la agenda dibuja una tarde ajetreada en el punto de encuentro familiar. Hay citadas 20 familias para el intercambio de niños y niñas que pasarán de manos de sus madres, la mayoría, a sus padres. El lunes 1 de abril hay 35 familias citadas y el domingo 7, fin de las vacaciones de Semana Santa, es día punta. El trajín de maletas no cesará.

Más visitas y menos presupuesto. Los puntos de encuentro familiar de la Comunidad —tres en la provincia leonesa: León, Ponferrada y San Andrés— han visto incrementada su demanda como espacios neutrales para parejas en proceso de ruptura o separadas de sus hijos o hijas por los servicios de Protección a la Infancia.

En los dos últimos años, entre 2010 y 2012, los centros leoneses han atendido a un 28% más de menores y a un 26% más de familias. Pero el presupuesto dedicado por la Juntam 262.400 euros, ha disminuido un 19%, según alerta el Procurador del Común.

El informe especial que realizó el año pasado sobre este dispositivo que gestiona una entidad privada —Aprome— hace hincapié en dos aspectos, relativos a la competencia de la administración sobre su funcionamiento y financiación. «Es un servicio de responsabilidad pública que debe prestarse bajo control público», advierte, y la «cuantía económica presupuestada en la actualidad, muy por debajo de la fijada en ejercicios anteriores, no parece resultar suficiente para prestar el servicio de forma adecuada», añade.

La institución que dirige el leonés Javier Amoedo lanza nueve recomendaciones a la Junta para fortalecer y mejorar el funcionamiento de los 16 puntos de encuentro familiar que hay en Castilla y León y evitar el cierre de algunos, riesgo que corren los centros de Laguna de Duero y Medina del Campo.

También anima a la creación de un nuevo punto de encuentro familiar en Benavente que sirva también para los partidos judiciales de Astorga y de La Bañeza. Los municipios de de menos de 20.000 habitantes en León carecen de este servicio.

Amoedo también solicita «la necesaria cooperación o participación de las administraciones locales y provinciales» donde haya puntos de encuentro familiar, de modo que continúen con la financiación o la pongan en marcha. El Ayuntamiento de León ya ha comunicado a Aprome que en 2013 no colaborará con la subvención de años anteriores, aunque la entidad ha reconducido el recorte de horarios que realizó el año pasado y desde enero cuenta con más tiempo para atender a las familias y menores que precisan del servicio.

Los tres centros de la provincia de León han incrementado tanto el número de familias como el menores atendidos a lo largo de los tres últimos años. Sin embargo, durante el 2012 se produce una disminución notable de las intervenciones, las actuaciones profesionales de evaluación, mediación, consultas, etc. en el centro de León motivadas por la disminución del horario de atención y de personal que se produjo.

«Desde enero, contamos con más horario que el que teníamos antes», precisa la coordinadora de Aprome en León, María del Carmen Gutiérrez. Los horarios se adaptan al calendario escolar «para prestar el servicio», explica la directora de Aprome en León. Simultáneamente, tiene que cumplir el requisito de no citar a más de 10 familias a un mismo tiempo para que los intercambios se realicen de manera adecuada.

Los recortes supusieron una reducción del 29% del horario anterior en León. En San Andrés fue del 49% y en Ponferrada del 25%. El recorte más importante, superior al 50%, se produjo en los centros de Laguna de Duero (73,34%), Aranda de Duero (55,56%) y Medina del Campo (57,70%).

Protocolos especiales

El informe no sólo habla de números. También profundiza en la calidad de la atención. En este sentido, recomienda a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elaborar «un protocolo de actuación para todas las derivaciones a los PEFs que se producen desde los órganos administrativos, con la finalidad de contar con unos criterios de actuación común», precisa la tercera recomendación.

De modo concreto, insta a la Junta a protocolizar la actuación «en relación con los problemas de salud mental, las adicciones u otras psicopatologías» de las personas usuarias de estos servicios. Y recomienda que se lleven a cabo acuerdos de colaboración entre los puntos de encuentro familiar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para los casos en que sea necesaria su intervención».

Imparcialidad

La cuarta recomendación del informe es que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades «facilite una formación continua» a los profesionales «en aspectos relacionados con la infancia, familia, violencia así como jurídicos».

Los puntos de encuentro son espacios neutrales pero los conflictos no son ajenos a su vida cotidiana. El informe admite que los profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan «en un contexto hostil» y «requieren un manejo de habilidades especiales» tanto para afrontar «las situaciones» como para una «observación imparcial de las mismas».

En los casos de violencia de género, cuando existe orden de alejamiento, en León tienen estipulado un tiempo de 15 minutos de diferencia entre la llegada de uno y de otro progenitor. «Llega primero el que tiene la orden de alejamiento, cuando está dentro se avisa a la mujer que deja al niño o la niña y se va. De esta manera no hay forma de que se encuentren», explica la directora de Aprome en León.

En estos casos, el padre no puede autorizar a nadie a recoger al menor y si se produce algún incumplimiento «se informa inmediatamente al Juzgado», añade Gutiérrez, quien destaca la «buena coordinación existente con el Juzgado de Familia y el Juzgado de Violencia de Género» de León.

El Procurador del Común ha recibido 36 quejas ciudadanas entre 1995 y 2012 sorbe el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Asímismo, entre 2007 y 2012, la Junta ha tramitado un total de 91 reclamaciones por parte de usuarios (45%) y usuarias (55%) administrativas sin que ninguna haya supuesto algún expediente administrativo.

Las quejas no prosperan

El centro de León es uno de los que más reclamaciones ha generado, un total de 29, en este período, mientras que el de Ponferrada figura entre los que no han recibido queja alguna. Y en San Andrés sólo se registró una en 2011, de acuerdo con los datos facilitados por la Junta al Procurador del Común.

El informe hace mención expresa de alguna de estas quejas como «incumplimiento de los objetivos, manipulación de los menores y carencia de personal cualificado», «falta de control del destino» de las subvenciones de la Junta a estos centros, disconformidad con la emisión de informes y «entorpecimiento del régimen de visitas o inobservancia de las reglas específicas establecidas en las situaciones de violencia de género», entre otras. Ninguna de estas denuncias ha prosperado. Según el Procurador del Común, se constató que «la administración autonómica ha llevado a cabo las actuaciones de inspección necesarias».

No obstante, entre las recomendaciones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades figura que inste a los responsables de los puntos de encuentro familiar que informen «a la mayor celeridad» ante «situaciones de rechazo en el menor o problemas en alguno de los progenitores que dificulten la realización del régimen de visitas o comunicaciones».

Asimismo, pide que la consejería competente «inste a sus profesionales a ofrecer a las familias la información necesaria» sobre las normas de funcionamiento de los centros así como «su obligada observancia y consecuencias que se puedan derivar de su incumplimiento».

No más de dos años

Otro aspecto a revisar es el «cumplimiento del principio de temporalidad» para evitar «la acomodación de las familias y la prolongación indebida del uso del servicio, buscando siempre la necesaria normalización de la situación familiar». El período estipulado es de dos años como máximo, pero «si la situación continúa igual se solicita al juzgado la prolongación del servicio», apunta Carmen Gutiérrez.

El Procurador del Común sugiere que los puntos de encuentro familiar refuercen su labor mediadora para «favorecer los acuerdos entre las partes en conflicto» y, por último, la creación de un sistema de calidad específico que permita valorar su trabajo..

La Junta reguló el funcionamiento de estos centros en 2010, pese a que funcionan desde 1994, cuando se abrió en primero en Valladolid. En León empezó a funcionar en 2001, en Ponferrada en 2005 y en San Andrés en 2009.