Dos años tras la pista de 140 millones de euros
La investigación de los ERE andaluces fija la cantidad que se habría defraudado.
La juez que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya.
Recién incorporada de una larga baja por enfermedad, sufre neuralgia del nervio trigémino, la juez Mercedes Alaya apenas tardó unos días en reactivar el sumario de los ERE fraudulentos, uno de los mayores casos de corrupción destapados en Andalucía. Dos años y medio después de que saltaran las alarmas al descubrirse que había intrusos en los expedientes de reestructuración de ciertas empresas, pagados con dinero público, y que un ex director general de Trabajo de la Junta calificaba la partida de la que salían esas ayudas como «fondo de reptiles», la investigación empieza a poner negro sobre blanco la cantidad de dinero que se habría desviado realmente de las arcas públicas, y que rondaría los 140 millones de euros, según distintas fuentes.
La primera parte de la instrucción de los ERE puso en cuestión el carácter legal de toda la partida 31-L, dotada inicialmente con 647 millones y que con las sucesivas ampliaciones y los compromisos de deuda adquiridos alcanzará los 1.217 millones, según concluyó la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización. De esa partida salió durante una década, del 2001 al 2010, el dinero para pagar los expedientes de regulación de empleo, las ayudas directas a empresas en crisis y también los gastos de gestión de las entidades mediadoras, como consultoras o despachos de abogados, que tramitaban esos expedientes. Alaya entiende que el sistema de transferencia de financiación que se instauró en el 2001 en la Consejería de Empleo, mediante el cual un organismo autónomo, el antiguo Instituto Andaluz de Empresa, abonaba el dinero, era un procedimiento administrativo anómalo y se podía haber tramitado mediante subvenciones.
Trucos
La juez considera que se cambió para favorecer una mayor arbitrariedad y opacidad en la concesión. Con este razonamiento, todo el dinero del «fondo de los parados», como también se llamó esta partida para empresas en crisis, estaría viciado. En total, 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas con un montante, según la Fiscalía Anticorrupción, de 933 millones de euros. Sin embargo, la investigación policial, el informe de la Cámara de Cuentas y la propia investigación interna abierta por la Junta de Andalucía ha permitido ir concretando las cantidades supuestamente desviadas en cada una de las tramas existentes en el caso ERE hasta alcanzar algo más de cien millones de euros.
En su investigación interna, la Junta de Andalucía ha acreditado la existencia de 196 personas que no tenían derecho a obtener ayudas por ser ajenas a las empresas, los famosos intrusos vinculados al PSOE y a ex dirigentes de la Consejería de Empleo, de acuerdo con Alaya, que habían percibido ya unos 17 millones de euros, según detalló el actual responsable de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en la comisión de investigación parlamentaria.
Las pesquisas internas alcanzan no obstante a otras 45 personas, cuyos expedientes se revisan por si hubiera también irregularidades en sus pólizas. Además, se detectaron compromisos para pagar otros 15 millones a más intrusos. La Junta ya inició los trámites administrativos para reclamar este dinero, aunque los aludidos pueden presentar alegaciones, y de momento, aún no se ha recuperado nada.