El futuro de la infanta Cristina enfrenta al juez y a la Fiscalía en el caso Nóos
Castro, decidido a imputarla pese a que Anticorrupción cree que no se sostiene.
La infanta Elena, la reina y los Príncipes de Asturias, junto a sus hijas, en Palma.
«Si hay que imputar a Cristina de Borbón se le imputa». Son palabras textuales del juez del caso Nóos, José Castro, en el interrogatorio de la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, el pasado 16 de febrero. Es un secreto a voces desde hace semanas. El magistrado quiere poner el broche a la instrucción de este sumario con la imputación de la hija menor del rey.
Castro, que mantiene desde hace años excelentes relaciones personales con el fiscal del caso, Pedro Horrach, ha abierto, no obstante, un duro enfrentamiento jurídico con él, quien se niega a citar a la infanta, siquiera como testigo, porque cree que con las pruebas que hay en los más de 12.000 folios del sumario sería imposible sostener una acusación contra ella por malversación de dinero público.
Si Castro persiste en su intención de citar a la infanta se va a encontrar con el recurso del Ministerio Público, según adelantan varios responsables de este departamento, que insisten en que «no ha habido órdenes de Madrid», de la Fiscalía General del Estado, y que la oposición a la imputación se basa en motivaciones «estrictamente jurídicas». Un recurso de Anticorrupción a la imputación de Cristina de Borbón no paralizaría el interrogatorio, pero el magistrado, explican responsables judiciales, «estudia seriamente» la posibilidad de, a modo de deferencia con la Fiscalía, suspender la cita y dejar en manos de la Audiencia Provincial la decisión de si la duquesa de Palma debe o no hacer el ya famoso paseíllo del callejón de los juzgados en Vía Alemania.
«Sin indicios sólidos»
Los responsables de Anticorrupción, que admiten que quizás no se hubieran opuesto a la citación de la infanta al inicio de la instrucción basándose en su puesto como vocal del Instituto Nóos, insisten en que un año y medio de interrogatorios y diligencias no han aportado «indicios sólidos» para probar que la duquesa de Palma tomó «decisiones pro activas» para ayudar a Iñaki Urdangarin en la comisión de un delito. Algunos de los últimos correos electrónicos aportados por Torres, explican, podrían apuntar a que en algún momento pudo estar al tanto de los negocios de su marido, pero ese conocimiento o el hecho de que ella misma fuera beneficiaria de ese dinero supuestamente ilícito dista mucho de ser una prueba en la que basar una acusación.
Desde la Fiscalía recuerdan que en todo el sumario no hay un solo papel que pruebe que Cristina de Borbón estuviera en el día a día de los trabajos en el Instituto Nóos o el enjambre de empresas que rodeaban esa institución o que controlara las cuentas de estas firmas, como sí hacía Ana María Tejeiro.
Castro, por su parte, ya demostró que no le tiembla el pulso para imputar a un alto cargo de la Casa Real sin el apoyo de Anticorrupción, ya lo hizo con Carlos García Revenga, el secretario de las infanta. El juez, también sin el respaldo del Ministerio Público, ordenó que Hacienda investigara si la infanta pudo acogerse a la amnistía fiscal. El magistrado comparte algunos de los argumentos de Anticorrupción, pero considera que la acumulación de tantos indicios, aunque sean débiles, hacen imprescindible el interrogatorio de la infanta. Y citarla como testigo sería poco garantista para la propia esposa de Urdangarín, que debería responder, sin derecho a mentir, sobre cuestiones que podrían implicarla.