El juez imputa a la hija del rey como cómplice de los delitos de su marido
Castro apunta al tráfico de influencias porque la infanta consintió el uso de su nombre .
La hija menor del rey imputada en una causa penal. La infanta Cristina se convirtió ayer en el primer miembro de la familia directa de un rey de España acusado por un juez de cometer un delito. El magistrado José Castro, de oficio y sin petición previa de la Fiscalía, imputó a la duquesa de Palma por ser «cómplice» o «cooperadora necesaria» de los supuestos delitos de su marido, Iñaki Urdangarín, al frente del Instituto Nóos y de la fundación de niños discapacitados. Un relato de hechos que apunta al tráfico de influencias, ya que el instructor considera que hay un cúmulo de indicios de que Cristina de Borbón consintió, cuanto menos, que se usara su nombre para conseguir un «trato generoso» a su esposo por parte de instituciones públicas y privadas.
Si el recurso de Anticorrupción no lo evita o aplaza, el paseíllo de Cristina de Borbón en el callejón de los juzgados de Palma tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 10.00 horas de la mañana. Allí deberá responder a la principal acusación que Castro vierte contra ella en las 18 páginas del auto en el que le imputa «prestar su consentimiento a que su parentesco con el rey fuera utilizado por su marido y por Diego Torres (…) a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como generoso por parte de las administraciones públicas».
La tesis principal del instructor es que sin la presencia de la infanta en la Junta Directiva del Instituto Nóos, en la que era vocal aunque no ha quedado demostrado que tuviera actividad, esta organización jamás habría conseguido los millonarios contratos públicos por parte de las administraciones balear y valenciana que terminaron en los bolsillos de Torres y Urdangarín, dinero que luego también «disfrutaba» Cristina de Borbón.
El nombre de la infanta, sostiene el juez, era la llave que abría todas las puertas. «Es más que dudoso que las empresas e instituciones públicas se hubieran aquietado tan pacíficamente a las proposiciones que Urdangarín y Torres les hacían llegar sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de Su Majestad El Rey».
Para el juez no cabe duda de que la infanta y Carlos García Revenga «conocían» y dieron su «consentimiento» a que Urdangarín usara su imagen, a pesar de que ninguno de los dos hacía nada en el Instituto Nóos. Castro insiste en que no fueron designados para esos cargos en la institución por sus «capacidades» sino porque sus nombres servían para «aparentar» ante empresas y administraciones que «todas las operaciones que Nóos abordaba eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de Su Majestad el Rey».
La principal acusación de Castro pivota sobre ese consentimiento, pero reconoce que sólo con ese indicio no habría imputado a la hija del rey. La citación, asegura, es fruto de la acumulación de pruebas en los últimos 13 meses.
La situación es diferente y Castro asegura tener otros 14 indicios que «aisladamente considerados carecen de peso suficiente para sustentar una imputación», pero que todos juntos hacen inevitable la acusación formal.
El juez no oculta que en la decisión de dar el paso de la imputación han pesado sobre todo las decenas de correos que Torres ha aportado a la causa desde hace un año y que han apuntalado la idea de que la Casa Real estaba al tanto de los negocios de Urdangarín. Dos de esas remesas tuvieron como diana a la infanta.
Ante esta suma de pruebas, el juez cree indispensable contar el testimonio de la infanta y evitar que la «incógnita» sobre su papel en esta trama se «perpetúe».