El Gobierno reforma la ley para acabar con el espionaje político
El Ejecutivo pone coto a las actuales normas sobre seguridad privada.
El Consejo de Ministros dio luz verde ayer viernes el anteproyecto de la nueva ley de seguridad privada que, entre otros aspectos, viene a regular las actividades de las agencias de detectives para poner coto a casos de espionaje político similares al protagonizado en Cataluña por la empresa Método 3 y cuyos inductores aún no han sido identificados.
Una vez entre en vigor la norma, todas las empresas de seguridad e investigación deberán inscribirse en un registro de nueva creación de cara a mantener un mayor control sobre sus actuaciones. Además, los detectives tendrán la obligación de elaborar un exhaustivo informe para cada caso que estará a disposición de las fuerzas de seguridad y en el que deberán figurar, entre otros datos, el nombre del cliente, el encargo que se realiza, los medios de los que se hace uso para cumplir tal cometido y los resultados que se obtienen en las pesquisas. Por último, a final de año las agencias deberán presentar a Interior una memoria sobre la actividad llevada a cabo. Infringir esta normativa supondrá sanciones graves para los infractores, que podrían llegar al cierre de la empresa investigadora o de seguridad.
El objetivo de la nueva ley, según ha desgranado el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, es el de garantizar el derecho a la privacidad y la intimidad de los ciudadanos, además de subordinar y coordinar a las empresas que se dedican a este ámbito y las fuerzas de seguridad.
Principios
En este sentido, la futura ley garantizará «el principio de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma».
Fernández Díaz destacó la importancia que tiene este sector en España, que en el año 2011 facturó 3.600 millones y dio empleo a 90.000 personas. Añadió que la ley aún en vigor, que data de 1992, fue pionera en su momento en el marco europeo, pero 21 años después ha quedado obsoleta al no contemplar en su regulación aspectos como el desarrollo de nuevas tecnologías. De ahí también su reforma anunciada ayer.