El PP pide al Gobierno una reforma local flexible para que sus alcaldes la apoyen
El presidente del Gobierno encarga a Arenas forzar el consenso interno sobre esta ley.
La reforma de la administración local trae de cabeza al Gobierno de Mariano Rajoy. La Unión Europea mete presión para que España pode su red municipal, tal y como han hecho Italia o Francia, como una vía más para reducir el gasto público. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha encontrado mayor resistencia de la esperada en su propio partido para sacar adelante una ley con la que espera ahorrar más de 7.000 millones de euros, pero que enfrenta a alcaldes y presidentes autonómicos del PP.
Rajoy, durante la última reunión de la junta directiva nacional de su partido, pidió un último esfuerzo para lograr el mayor consenso entorno a esta reforma. De hecho, los populares han enviado una nueva propuesta al PSOE para intentar aprobar la norma en el Congreso, al menos, con el respaldo de los principales partidos del arco parlamentario. Pero más que al muy posible rechazo socialista, Rajoy lo que teme es la contestación en las propias filas del PP.
El presidente del Gobierno ha encargado a Javier Arenas que él y su equipo de Génova se reúnan con todos los presidentes provinciales del PP y con una representación de alcaldes de cada provincia para conocer de primera mano sus propuestas y, sobre todo, que mantengan un diálogo fluido con los máximos dirigentes de la Federación de Municipios y Provincias de España (Femp).
Durante estos encuentros, los populares han recopilado una serie de peticiones que van a trasladar al Gobierno para que intente flexibilizar algunos aspectos de esta reforma local, con el fin de sumar apoyos. Unas propuestas que, en líneas generales, coinciden con las alegaciones que presentó la FEMP en nombre de 13 federaciones territoriales de municipios y provincias, trece diputaciones provinciales y 35 ayuntamientos.
En detalle
Una de las principales exigencias de los alcaldes es la de eliminar de la reforma la posibilidad de que el Gobierno central pueda intervenir ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
También instan al Ejecutivo a retirar de esta norma el apartado que obliga a realizar auditorías a todos los ayuntamientos de España. A cambio, proponen que esta investigación se centre solo en aquellos municipios con déficit elevado o que incumplan otros aspectos de la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Otro vértice de la reforma que ha generado mucha controversia es quién asume el coste de las denominadas competencias impropias que ahora desarrollan los ayuntamientos, sobre todo en materia de sanidad, servicios sociales y, especialmente, en educación.