El PP avisa a los obispos de que la ley, la del aborto también, la hace el Congreso
El PSOE amenaza con exigir la denuncia de los acuerdos suscritos con la Santa Sede .
El PP lanzó ayer un mismo mensaje a la jerarquía eclesiástica y al PSOE, modificará la ley del aborto aprobada durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero lo hará porque ese fue su compromiso en las elecciones generales del 2011. El portavoz de la formación en el Congreso, Alfonso Alonso, admitió que los obispos tienen derecho a opinar sobre lo que consideren oportuno, pero hizo hincapié en que las leyes las hace el Parlamento. Y avisó: «La reforma quizá no les guste mucho».
La advertencia llegó un día después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, leyera la cartilla al Ejecutivo por no haber hecho nada para acabar con el reconocimiento legal del matrimonio entre homosexuales y por mantener en vigor la citada ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y apenas unas horas más tarde de que la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, amenazara con exigir la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede si el Ejecutivo toca la norma.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dejó claro que la ley que permite la unión civil entre personas del mismo sexo no sufrirá alteración alguna. Mariano Rajoy aceptó en su día esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto y prometió que asumiría su dictamen, como así ha sido. Sin embargo, no está dispuesto a hacer lo mismo en el caso del aborto. Su referencia es, de hecho, la sentencia que el máximo intérprete de la Carta Magna dictó en 1985 sobre la anterior legislación y que considera «la vida del ‘nasciturus’ un bien jurídico constitucionalmente protegido».
Retroceso
La ley vigente, de plazos, permite el aborto libre hasta la semana 14 o hasta la 22 si la salud de la madre corre peligro o el feto presenta graves anomalías. El Ejecutivo aboga por volver a una ley de supuestos, es decir, que considere el aborto un delito salvo en casos tasados, pero más estricta aún que la de 1985. Según dijo Ruiz-Gallardón, habrá que «acreditar» el daño psicológico para la madre y no habrá aborto eugenésico por razón de discapacidad. Algo que el PSOE considera un retroceso intolerable. «Los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres. No es nada nuevo. Pero no toleraremos que nos impongan su moral», denunció Elena Valenciano.