«Un cónyuge no es garante de las actividades del otro»

La infanta Cristina no está dispuesta, ni mucho menos, a unir su suerte judicial a la de su marido. El primer escrito remitido al juzgado por Miquel Roca, letrado de la hija menor del rey, da buena cuenta de que no va a haber tándem matrimonial frente al tribunal y que Iñaki Urdangarín tendrá que apañárselas solo.

La tesis principal del recurso de la defensa contra la imputación de la infanta es que «un cónyuge no es garante de la evitación ni de la obstaculización de las actividades que pudiera realizar el otro». Y que es imposible sostener una acusación formal simplemente porque «una esposa hubiera tenido a su alcance algún indicio relativo a la eventual actividad de su esposo».

En sus 33 páginas de recurso, Roca no duda en apuntar al marido para exonerar a su cliente, sobre todo en una de las acusaciones más delicadas, el hecho de que ella era la coopropietaria de Aizoon, la firma usada para desviar más de un millón de euros públicos a bolsillos privados. «Resulta incontrovertido a estas alturas de la investigación que la administración de dicha entidad estaba en exclusiva a cargo de Iñaki Urdangarín», se apunta en el escrito, que insiste en que Cristina de Borbón solo aparecía «formalmente» como secretaria de Aizoon, pero que en realidad esa empresa no tenía «órgano colegiado» alguno porque el que tomaba todas las decisiones era el yerno de don Juan Carlos.

Más allá de desligarse de Urdangarín, Roca hace un duro escrito de defensa, que lleva su firma y la del prestigioso penalista Jesús Maria Silva, en el que llega a tachar de «inquisitorial» la decisión del juez Castro de imputar a su defendida sin el apoyo de la Fiscalía. Afirma que el instructor ha violado el principio de presunción de inocencia y de igualdad de la hija menor de los Reyes al imputarle sin «elementos incriminatorios». En esa línea, tilda de «inferencias extraordinariamente abiertas», «datos periféricos» y «suposiciones sin fundamento» las acusaciones de titular del Juzgado número tres de Palma, al que avisa del «sobrecastigo» que impone a la infanta por su condición de «personaje público».

Roca, al margen de argumentos jurídicos, invita al juez a «ponderar» el hecho de que está imputando a una persona con «vínculos con instituciones centrales del Estado» y que ello conlleva «socialmente» un «sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración».