El fiscal ordena acusar a los policías del chivatazo del Faisán de ayudar a ETA
. El soplo se produjo cuando Zapatero negociaba con la banda y Rubalcaba era ministro.
Los policías imputados por el chivatazo a ETA en mayo del 2006 al final se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional y no en el de un juzgado ordinario de Irún. Y lo harán acusados de colaboración con banda armada. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, impuso su criterio al de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ordenó al fiscal del caso, Carlos Bautista, que acuse al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al ex inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros de cooperación con los terroristas, y no solo de revelación de secretos con grave daño para la causa pública, como había defendido hasta el momento el Ministerio Público en todas sus intervenciones.
Bautista, en su escrito, explica que sigue apostando por acusar a los dos imputados únicamente por revelación de secretos, lo que supondría en la práctica que ninguno de los dos pisaría la cárcel ya que para Pamiés pensaba solicitar una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer como policía mientras que para Ballesteros, que ahora es comisario, reclamaría un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación.
Pero el propio fiscal del caso revela que hace una «calificación jurídica alternativa», la de colaboración por ETA, «en virtud de lo dispuesto por el artículo 25» del Estatuto del Ministerio Público. Este precepto consagra el carácter jerárquico del Ministerio Público.
La «calificación alternativa» impuesta por Torres-Dulce sí que podría implicar la cárcel para los dos agentes procesados si son condenados. Las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros. El primero, además, se enfrentaría a una multa de 27.000 euros, mientras que Ballesteros tendría una sanción económica de 21.600 euros
Lo que pasó en el bar
Bautista, en su escrito, hace un pormenorizado relato de lo que para la Fiscalía pasó en el bar Faisán de Irún aquella mañana del 4 de mayo del 2006, en plena negociación del Gobierno con ETA. Poco antes del soplo al aparato de extorsión, Pamiés tuvo conocimiento de la inminencia de una operación contra los recaudadores de ETA y «decidió obstaculizarla», al menos para «impedir la detención» de dirigente del PNV Gorka Aguirre, que se había reunido con el dueño del Faisán, Joseba Elosua, y el etarra Ramón Sagarzazu para gestionar el pago de nueve millones de pesetas del impuesto revolucionario, dinero que iba a pasar a Francia en cuestión de horas.