El PSOE quiere frenar el traspaso de competencias estatales a las autonomías
Los socialistas proponen blindar las materias nacionales, como planteó el PP en el 2007.
La vicesecretaria general del PSOE, Valenciano, y el diputado Jáuregui, tras la Ejecutiva Federal.
El PSOE quiere eliminar de la Constitución el artículo 150.2 que permite al Estado delegar o transferir competencias exclusivas a las comunidades autónomas. Es parte de la propuesta de reforma territorial que ayer estudió la ejecutiva del partido y que será sometida a debate en la Conferencia Política de octubre. Alfredo Pérez Rubalcaba defiende que ha llegado el momento de cerrar el modelo y que la mejor fórmula para lograrlo es blindar en la Carta Magna las facultades ‘intocables’ del Gobierno central. Algo que ya defendió el PP hace un lustro, en plena batalla del Estatuto catalán, y el PSOE rechazó.
Los socialistas también asumen otra vieja demanda del partido que preside Mariano Rajoy, la restitución del recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas estatutarias. Con ella se evitaría, dicen, que se vuelva a producir un choque de legitimidades entre lo votado por la ciudadanía en referéndum y una sentencia del Tribunal Constitucional. A su juicio, ahí está el origen del auge del independentismo en Cataluña y del enconamiento de las tensiones territoriales.
«El PSOE se ha planteado afrontar un problema en el que existen posiciones antagónicas en un asunto nuclear- explicó Ramón Jáuregui, coordinador de la propuesta-. Necesitamos ganar estabilidad y tenemos que movernos. Ya no bastan las reformas estatutarias. Hemos concluido que hay que reformar el título VIII de la Constitución coincidiendo con una posición de toda la doctrina».
La propuesta no se reduce, en todo caso, a esos dos asuntos que, por otro lado, ya sugirió adoptar en febrero de 2006 el Consejo de Estado en un dictamen sobre la reforma constitucional que cayó en el olvido. Además, contempla la supresión del Senado y la creación de un consejo territorial, la constitucionalización de los principios del sistema de financiación autonómica, el «reconocimiento» en la Carta Magna de los «hechos diferenciales y las singularidades simbólicas» que forman parte de la «pluralidad histórica, cultural y política» de España; la reducción del entramado administrativo autonómico y local y la igualdad de los españoles en el acceso a las prestaciones básicas.
Aunque Jáuregui dio por hecho que tarde o temprano el PP se subirá al carro, la posibilidad de un acuerdo futuro dependerá en buena medida de los detalles y en eso los socialistas no entran aún. De hecho, en la propia reunión de la ejecutiva se propusieron cambios que, según admitió el coordinador de la ponencia, serán tenidos en cuenta. No gustó, por ejemplo, que el órgano semifederal que sustituiría a la cámara alta esté formado por miembros de los gobiernos autonómicos y muchos defendieron que sean los parlamentos regionales los que nombren a sus representantes.
Modificaciones
Está por ver qué competencias se reservan para el Estado, aunque en principio serían las que ahora tiene. «Buscamos una clarificación, no una modificación sustancial», subrayó Jáuregui. Tampoco, según distintas fuentes, la dirección socialista se entretuvo demasiado en analizar cuáles serán los principios claves de un futuro sistema de financiación, el nudo gordiano del modelo autonómico. El principio de ordinalidad, que establece que no se puede alterar el orden en el ránking de ingresos per cápita de las regiones una vez aplicada la fórmula de financiación, es «uno de ellos», pero no genera unanimidad en el partido y aún está abierto a discusión.
El texto, que ahora será discutido, ha sido bien acogido por el PSC.