Una reforma legislativa urgente en busca de garantías

En los últimos cinco años el Ministerio de Industria ya ha concedido unos 70 permisos de exploración, y mantiene pendientes de autorización otros 75, alrededor de la mitad de ellos pendientes de las autonomías (porque sólo afectan a una Comunidad). No ha concedido aún ninguno de explotación.

El pasado 1 de marzo el Consejo de Ministros dio paso al anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos, que incide en el control ambiental del ‘fracking’. Será obligatoria una evaluación de impacto ambiental incluso para realizar las investigaciones preliminares.

El pasado mes de enero la Federación Española de Municipios y Provincias mostró su preocupación al ministerio por las repercusiones de esta técnica. El Gobierno contestó que debe ser permitida, aunque con exigencias medioambientales y personales. Anunció que se exigirán seguros de responsabilidad civil a las empresas.

Impuestos municipales

Además, se contempla la posibilidad de implantar un impuesto que grave la extracción de hidrocarburos, y que sean los ayuntamientos afectados quienes puedan cobrarlo. Porque las concesiones son estatales.

Hasta ahora los permisos concedidos por el Estado y las autonomías son para investigación de hidrocarburos, pero la mayoría prevé el ‘fracking’ para explotarlos.

También desde la Unión Europea se debate la legislación que debe aplicarse sobre una técnica muy cuestionada, y sobre la que siguen existiendo numerosas dudas.