El Ejecutivo reonoce que existen lagunas al respecto

Sea como fuere, el Gobierno de Mariano Rajoy no está por la labor de adentrarse ahora mismo en esos jardines ni en otros, relacionados con la Monarquía, sobre los que reconoce que existen importantes lagunas. Por ejemplo, el rey es irresponsable ante los tribunales pero si abdicara o renunciara al oficio regio ni siquiera sería aforado ¿Conviene hacer algo al respecto? ¿Tiene sentido que a un diputado se le dé un ‘plus’ de protección y solo pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo y el Príncipe de Asturias esté sometido a la justicia ordinaria?

Estas cuestiones podrían quedar resueltas en la reforma de ley de enjuiciamiento que prepara Justicia, pero fuentes del ministerio insisten en que, de momento, no se han incluido en borrador alguno. El único texto legal de la agenda gubernamental que va afectar a la Corona es el de la ley de transparencia. Y hay serias dudas sobre su alcance.

El Ejecutivo está dispuesto a hacer de acceso público los gastos que los distintos ministerios dedican al sostenimiento de la Jefatura del Estado y su ejecución presupuestaria, con algunas restricciones por motivos de seguridad, pero la distribución de la partida que el Monarca recibe para el sostenimiento de su Familia y Casa (casi 8 millones de euros este año) seguirá siendo en buena medida opaca, salvo que don Juan Carlos decida por su cuenta y riesgo lo contrario.

La idea de que España cuente, en algún momento cercano, con una Ley del Rey, un Estatuto de la Corona o, simplemente, algo tan detallado como la ley que regula las subvenciones que recibe la monarquía británica parece, hoy por hoy, una quimera.