Un juez militar indaga si el Estado es responsable del siniestro del Yak

El juez togado militar ha reactivado la investigación para dirimir si el Estado tiene responsabilidad patrimonial en el accidente del Yak-42, en el que hace diez años mañana fallecieron 62 militares que volvían de Afganistán. Se trata de la última vía judicial para las familias después de que se hayan cerrado los procesos penales y civiles del siniestro. En este último caso, los afectados aún esperan que la contratista del avión, la compañía alemana Chapman Freeborn, pague los 6,2 millones de indemnización civil a los que fue condenada en noviembre del 2012.

El pasado marzo, el Ministerio de Defensa reabrió el expediente por responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la última posibilidad de que el ministerio reconozca su culpa en la tragedia. El instructor del caso aglutinó en un único recurso las peticiones de 54 de las 62 familias y comenzó el procedimiento. La vía de la responsabilidad patrimonial permanecía en suspenso desde el verano del 2004. Ahora, una vez finalizado el proceso civil y penal por las contrataciones del Yak-42, el teniente coronel instructor ha pedido a las partes que comuniquen si continúan requiriendo la culpabilidad del Estado. Tras ello el juez togado informará al Consejo de Estado, que tendrá que decidir si acepta la responsabilidad en un plazo no superior a los seis meses.

Si el informe de este órgano consultivo es desfavorable existen dos opciones: desistir de la reclamación o acudir al juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde se podría dilucidar si el Estado fue responsable, en definitiva, de no evitar la muerte de 62 españoles. Los abogados de las familias son optimistas por el antecedente del caso de la riada del camping de Biescas, en Huesca.

Sobre la responsabilidad civil de la tragedia el alto tribunal confirmó en noviembre pasado la condena a 6,2 millones a la contratista. Desde entonces la compañía alemana no ha pagado ni un euro.