El Gobierno suma a CiU y PNV al consenso de la ley de transparencia

El Gobierno tiene claro que la ley de transparencia puede ser su gran obra política, por lo que se ha olvidado de la mayoría absoluta y está dispuesto a desplegar, por primera vez desde el inicio de la legislatura, la máxima flexibilidad en la negociación con los grupos parlamentarios para conseguir que antes de fin de año sea aprobada con un amplísimo consenso.

Si la entrada de la Casa Real, de los partidos y de todas las entidades privadas que perciben una relevante financiación pública en las obligaciones de la norma le sirvió para coser un principio de acuerdo con el PSOE, las nuevas e importantes cesiones que ayer anunció la vicepresidenta del Ejecutivo en el pleno del Congreso desbrozaron el camino hacia el posible pacto final con los socialistas y ampliaron el campo del consenso a los nacionalistas catalanes y vascos.

La visualización de este potencial acuerdo amplio, algo inédito desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, se produjo a las dos y media de la tarde, cuando, después de cuatro horas de debate, el Congreso aprobó la toma en consideración del proyecto de ley de transparencia del Ejecutivo con los votos a favor del PP y con la abstención cómplice del PSOE, Coalición Canaria, CiU y PNV. Los dos últimos partidos mantuvieron vivas sendas enmiendas a la totalidad hasta que oyeron en el pleno las concesiones de boca de Soraya Sáenz de Santamaría. Tras el crecimiento del grupo de consenso, solo apostaron por la devolución al Gobierno del actual texto IU, UPyD y la mayoría del grupo mixto, que sumaron 21 votos.

Las razones fundamentales del giro de los nacionalistas y del aumento de la confianza de los socialistas fue la promesa del Gobierno de introducir dos cambios de calado en el proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo renuncia a ser, a través del ministro de Hacienda, el que pueda sancionar e incluso destituir a consejeros autonómicos y alcaldes que violen de forma deliberada los mandatos de la ley o de los planes de estabilidad presupuestaria. El diseño definitivo no se conocerá hasta que se pacte en el trámite de enmiendas al articulado, pero, en cualquier caso, serán las propias administraciones autonómica y local quienes instruyan y acuerden las sanciones que corresponderían a sus altos cargos por las infracciones. El Gobierno solo podrá perseguir las irregularidades graves que se produzcan en la administración estatal.

La otra demanda aceptada a la oposición es que el Ejecutivo renuncia a que el órgano de control para el cumplimiento de los principios de transparencia y de acceso público a la información sea una agencia estatal, con un director nombrado por el Consejo de Ministros, y transige con que se convierta en un consejo, cuyo máximo responsable será designado en el Congreso por mayoría absoluta, con lo que se reforzará de forma clara su autonomía del Ejecutivo.