Los ‘papeles de Bárcenas’ empiezan a hablar
Tres ex ministros del PP habrían cobrado sobresueldos a cambio de dar obras públicas. El cuaderno del ex tesorero dibuja cómo se gestionaba el cobro de primas de los dirigentes y las donaciones en efectivo.
Ni son frágiles como el papel de arroz ni de momento se trata de fotocopias apócrifas. Dos meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz recibiera la competencia para investigar la supuesta contabilidad secreta del PP, los documentos que dieron origen a esta causa, conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, empiezan a hablar en sede judicial.
Las dos semanas de declaraciones de políticos y empresarios han confirmado hasta siete apuntes del cuaderno del ex tesorero y han dibujado cómo se gestionaba la percepción de sobresueldos de los dirigentes populares y las donaciones en efectivo a las cuentas del partido: en un día se registraron hasta ocho entradas fraccionadas para no superar el límite legal, que antes del 2007 era de 60.000 euros.
Estas confirmaciones y las declaraciones de testigos e imputados han abierto, además, otras líneas de investigación que dejan «bastantes» incógnitas por resolver, según tres acusaciones personadas en la causa consultadas. Las dos primeras preguntas son: ¿quién forma y a qué se dedica la comisión de infraestructuras del PP nacional después de que el constructor Antonio Vilela (empresa Rubau) revelara de su existencia al juez? ¿Eran los contratos negociados sin publicidad —inferiores al millón de euros— la fórmula utilizada por los gobiernos populares para adjudicar obra pública a compañías donantes?
La pregunta del titubeo
«La sorpresa de Juan Miguel Villar Mir (OHL) o de Luis del Rivero (Sacyr) cuando les preguntamos por este modelo de contratación llamó la atención, ya que titubearon y cambiaron de tercio tras mirar a sus abogados», relata un letrado presente en los interrogatorios. Del Rivero salió del embrollo como pudo. «Mire, hemos recibido muchos contratos de gobiernos de diferente signo, pero desconozco las operaciones inferiores a los nueve millones, ya que era cosa de los responsables locales de contratación», declaró el ex residente de Sacyr.
Los querellantes aprovecharán al máximo este «cabo suelto» y tratarán de demostrar que algunos ex ministros populares como Jaume Matas (Medio Ambiente), Federico Trillo (Defensa) o Francisco Álvarez-Cascos (Fomento) recibieron sobresueldos a cambio de dar obras públicas a empresas donantes mediante contratos sin publicidad.
«Esto es un delito de cohecho activo y pasivo», avanzó a este diario un letrado sin dar más detalles para no mostrar «sus cartas».
Una comisión fantasma
Provechosa como pocas fue también la declaración del apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela. En un momento de su interrogatorio, tras un tira y afloja con el juez Ruz, Vilela reconoció algo que dejó pasmadas a las partes. Mencionó la existencia de una comisión de infraestructuras en Génova 13, sede nacional del PP, de la que formaba parte como militante del partido junto a su amigo Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional, y presidida por un tal Miguel Núñez. Como el imputado se negó a responder a las acusaciones y el fiscal Antonio Romeral se mantuvo pasivo no se pudo profundizar en el conocimiento de esta comisión, que no aparece en el organigrama del partido presidido por Mariano Rajoy.
La primera petición será tomar declaración al representante legal del PP para que explique los pormenores de este «órgano fantasma», su relación con el sistema de adjudicación de obras y el vínculo con la tesorería del partido, encargada de gestionar la entrega de donativos.
El sistema de gestión de los donativos anónimos cambió radicalmente a partir del 2005.
«Por arte de magia alguien decide que las entradas sean todas nominales pese a que la Ley de Financiación de Partidos no lo aprueba hasta el 2007», analiza una fuente. «A partir de ahí comienzan los ingresos fraccionados por días para no superar el límite legal de 60.000 euros, pero que en conjunto llegaban a superar los 200.000 euros. Habrá que ver por qué ocurre esto», avanza el informante.
Crespo, Pío y Arenas
Otra de las pesquisas irremediables tiene que ver con las «contradicciones» en las que incurrieron algunos testigos. La más evidente, según las fuentes consultadas, es la declaración que hizo el ex presidente del Senado Pío García Escudero sobre el crédito de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) —en el cuaderno secreto aparecen cinco millones— que le dio el partido y que él devolvió, tal y como recoge la contabilidad oficial.
La duda no es la cantidad recibida, sino la forma de la devolución. García Escudero declaró que lo reintegró en cuatro talones bancarios de un millón de pesetas, aunque el responsable de la caja del PP, Luis Molero, un hombre «muy minucioso», según declaró, corrigió que fueron dos talones y dos entregas en efectivo. «Parece que García Escudero tuvo un lapsus que deberá de aclarar», ironizó un letrado de la acusación.
El presidente del Senado aseguró que el crédito lo negoció con el entonces secretario general Javier Arenas, el nombre más mencionado por los cargos del PP que declararon en la Audiencia Nacional y que admitieron haber recibido «pagos complementarios» que fueron declarados.
Lapuerta viajó en 1999 a Santiago de Compostela para recoger los 21 millones de pesetas que le adeudaba el PP gallego y que le entregó en mano el entonces secretario de organización regional Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama Gürtel.
