La juez investiga el desvío de dinero de los ERE falsos a paraísos fiscales

Los nuevos tomos del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía siguen arrojando detalles acerca de la trama de las sobrecomisiones que tanto consultoras como aseguradoras cobraban a la Dirección General de Trabajo de la Junta por gestionar las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. La investigación ha hecho aflorar que las asociaciones de trabajadores creadas en los ERE de las empresas de mayor envergadura acabaron desviando fondos hacia empresas pantalla de dichas entidades mediadoras en paraísos fiscales.

Tras casi seis meses de baja, la juez Mercedes Alaya se reincorporó en marzo y pocas semanas después saltaba la operación Heracles, con 22 detenidos. La mayoría de ellos estaban vinculados a las consultoras Uniter y Vitalia, que tramitaron casi en exclusiva las pólizas de prejubilación, bien por su amistad con el ex director general de Empleo Javier Guerrero o con el ex sindicalista Juan Lanza.

La investigación permitió descubrir cómo las mediadoras no sólo cobraban comisiones muy por encima de la media de mercado, en torno al 12%, con la anuencia de la propia administración autonómica, sino que colaboraban a la hora de meter ‘intrusos’ en las pólizas.

Entre las pesquisas realizadas también se trató de comprobar si el sistema elegido para liquidar las prejubilaciones en las grandes empresas, a través de asociaciones de trabajadores, facilitaba el desvío de fondos públicos «mediante empresas instrumentales» a terceras personas, según los informes de la Guardia Civil. La investigación también revela que las mediadoras utilizaban empresas sin actividad para engordar la factura de servicios de asesoramiento por las prejubilaciones. Un dinero que posteriormente acababan moviendo por paraísos fiscales y complejos entramados de sociedades pantalla, según consta en un informe elaborado por los Mossos d’Esquadra acerca de la actividad de una de las entidades, Vitalia.

Vinculado a Vitalia también estaba el ‘conseguidor’ Juan Lanzas, que según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, se benefició de hasta 8,6 millones de euros en sobrecomisiones por los expedientes en los que colaboró o incluso al ser incluido junto a su esposa como ‘intrusos’ en uno de los ERE. En este sentido, Anticorrupción solicitó a la juez Alaya que le impusiera una fianza por responsabilidad civil de 145 millones de euros. Y es que el nivel de ingresos que manejaba Lanzas era tal que su familia llegó a jactarse delante de los investigadores de que el encausado tenía dinero «’pa’ asar una vaca».