Sindicatos y patronal recelan de su inclusión en la ley de transparencia
El Congreso debate obligaciones diferentes para el sector público y el privado.
Los representantes de CC.OO. y UGT, ayer tras la reunión en el Congreso.
Los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, y la patronal Ceoe advirtieron ayer a los grupos parlamentarios de que su inclusión entre las organizaciones afectadas por la ley de transparencia nunca podrá significar que se les exijan idénticas obligaciones de publicidad que a las administraciones e instituciones públicas o a los partidos. Su inclusión en la norma, ya decidida por el Gobierno y los partidos mayoritarios, debería ser, en su opinión, parcial y limitada.
Las tres organizaciones, con diferencias de matiz, defendieron ayer durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso que la futura ley no debería obligarles a ir más allá de publicar con detalle los fondos y subvenciones que reciben de las administraciones públicas y de explicar el uso y destino que se les da. Esto afectaría, según su criterio, tanto a las ayudas directas a la actividad sindical como a los fondos públicos destinados a la gestión por parte de estas organizaciones de programas de formación profesional o de prevención en seguridad y higiene laboral. UGT y Ceoe cuantificaron la suma de esta financiación pública en el entorno del 30% de sus presupuestos, el resto procede fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados o asociados. CC.OO. limitó los datos a la subvención directa que recibe el sindicato de los poderes públicos, que calculó en el 2,81% de su presupuesto, y recordó que entre el 2009 y 2013 la ayuda se ha reducido de 6,3 millones a 3,5.
Lo que parecen tener claro las tres organizaciones es que la ley no puede obligarles a realizar un desnudo integral informativo de sus actividades y gestión privadas. Recordaron que son organizaciones de naturaleza privada a las que, además, la ley y los tratados internacionales les garantizan la total libertad de organización y funcionamiento. Los tres portavoces coincidieron en que el problema es que la ley de transparencia nació como una norma a aplicar de forma exclusiva a las administraciones y el sector público y que la redacción del proyecto que tramita el Congreso aún no se ha adecuado a la decisión posterior de incluir a la Casa Real, a los partidos y agentes sociales, y a toda clase de organizaciones y entidades privadas que reciban una financiación pública relevante.
Los propios grupos parlamentarios admitieron ayer durante la comparencia que su trabajo se deberá centrar en redactar las enmiendas que permitan establecer una nueva estructura de obligaciones de la transparencia, que no podrá ser igual para las administraciones e instituciones públicas que para las privadas.