Examen de conciencia por el Estatut

No todo son propuestas. El PSOE se atreve también en su documento territorial con una autocrítica a su papel en el impulso de los estatutos autonómicos de segunda generación, empezando por el Estatut.

«Aunque fueran buenas las razones y mejores las intenciones del proceso de reformas de esos años, la realidad nos dice que de ellas se han derivado algunas consecuencias indeseadas que merecen ser destacadas», admite. La más importante, la quiebra del consenso con el PP.

«También merecen algún análisis crítico algunas disposiciones que se incorporaron a los nuevos estatutos, estableciéndose obligaciones, compromisos y reformas que corresponden a otras instancias o a otras normas legales», dice. No las cita, pero están claras. La más sonada es la diposición adicional tercera incorporada al marco de autogobierno catalán, en la que se dice que la inversión del Estado en materia de infraestructuras debe ser equivalente a la aportación que hace esta autonomía a la riqueza nacional, cifrada en un 18,8% del Producto Interior Bruto, durante los próximos siete años. Esa redacción, que llevó al ex ministro de Economía, Pedro Solbes, a comparar la elaboración de los Presupuestos con un ‘sudoku’, condiciona una norma que corresponde aprobar a las Cortes Generales.

Pero hay algun otro apartado del mismo texto conflictivo, como el que hablaba de la descentralización del Poder Judicial a la que, de hecho, ahora se opone el PSOE, al menos, en los términos planteados por el PSC en su propuesta de reforma constitucional. En el documento socialista cabe encontrar un acto de contrición.

Compromiso

De forma implícita, se compromete a no volver a aprobar normas de este calado sin el apoyo del otro gran partido nacional. Lo hace al proponer recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, al que por cierto también se opuso en aquella legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. «La funcionalidad del control preventivo en este caso es evidente, y a él se debería volver, aunque con una regulación específica —dice— que contemplara una limitación de plazos». Sin embargo, matiza, «la mejor solución en estos casos es el consenso político y la ausencia de recursos al Tribunal Constitucional».