Rajoy busca consenso para culminar la reforma más compleja de la democracia
Sáenz de Santamaría culmina en siete meses una «auditoría» de las administraciones .
Rajoy, en su intervención en el Palacio de la Moncloa.
«Una economía competitiva necesita unas administraciones públicas, transparentes, ágiles y libres de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios». Así resumió ayer Mariano Rajoy la filosofía con la que el Gobierno afronta una de las reformas estructurales más complejas de la democracia, la de las administraciones públicas. El Ejecutivo pretende ahorrar con esta iniciativa más de 8.000 millones de euros, la cifra exacta la dará el viernes Soraya Sáenz de Santamaría, sin recortes traumáticos, sino apostando por la modernización y la eficacia.
El presidente del Gobierno presentó en la Moncloa, con el protocolo y la puesta en escena propia de los grandes anuncios, las 217 medidas que incluye el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), que ha sido coordinada por la vicepresidenta. Soraya Sáenz de Santamaría ha culminado en siete meses «la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público», recalcó Rajoy.
El Consejo de Ministros estudiará este informe el viernes, pero el jefe del Ejecutivo adelantó que asume las conclusiones del documento de la Cora y empezará «desde ya» a ponerlo en marcha. De esta manera, dará luz verde a reformas paralelas como las de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo, la Ley de Subvenciones, la factura electrónica o la morosidad de las administraciones públicas.
Ardua tarea
Rajoy debe enfrentarse ahora a la ardua tarea de convencer a los presidentes autonómicos y a los alcaldes de las bondades de estas recomendaciones. Para lograrlo, el presidente del Gobierno se comprometió a buscar el máximo grado de acuerdo entre las fuerzas políticas y las distintas administraciones. «Lo vamos a intentar de buena fe; aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser eficaces, que es nuestra obligación», destacó.
La Moncloa se guarda un as en la manga para sacar adelante el núcleo central de esta reforma en caso de que fracasen todos los intentos de consenso. Se trata de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es de obligado cumplimiento para los gobiernos central, autonómicos y municipales. Su incumplimiento permite a Hacienda plantear los recortes que crea convenientes en los presupuestos de la administración que no alcance los objetivos fijados. El Gobierno quiere evitar una guerra abierta en el ámbito competencial, pero no renunciará a su objetivo de modernizar las estructuras del Estado para dotarlas de mayor agilidad.
Rajoy volvió a defender el modelo autonómico frente a los que extienden «el mito» de un excesivo tamaño de la administración pública en España. Y lo hizo con un dato clarificador. España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público en porcentaje de PIB, un 43,3% frente al 49,7% de la zona euro.