El Ejecutivo escudriñará las primeras reacciones la semana que viene

De momento, el Gobierno mantiene la mano tendida a las comunidades y se mantiene alejado del terreno de las exigencias, pero los gobiernos autonómicos rescatados o que necesiten asistencia financiera del Estado deberán tener en cuenta que, a partir de ahora, además de cumplir con los planes de austeridad para cumplir con el déficit, deberán atender a las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora). Esto supondrá que si un consejero autonómico reclama auxilio financiero al Ministerio de Hacienda porque no puede hacer frentes a sus pagos o, sencillamente, porque quiere mayor margen para cumplir con la reducción del déficit, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se le explicará que, según la Cora, podrían ahorrar más dinero eliminando determinados organismos o suprimiendo duplicidades, como ‘sugiere’ el Gobierno en la reforma de la administración.

Montoro anunció que la próxima semana convocará tanto al Consejo Nacional de la Administración Local y al Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades del contenido de la reforma y, de paso, escudriñar las primeras reacciones.

El Ejecutivo quiere predicar con el ejemplo y cerrará o unificará 57 organismos públicos a la par que reclama a las comunidades autónomas que echen el cerrojo a 90 observatorios y, lo que supone un elemento de mayor tensión política, el cierre de instituciones tan arraigadas como los defensores del pueblo o las cámaras de cuentas.

Duplicidad

El Gobierno, según consta en el informe de la Cora, ve correcto el uso que han hecho las comunidades de la facultad que les otorga la Carta Magna de desarrollar sus estatutos con la creación de 17 cámaras legislativas. Cuestiona, en cambio la «multiplicación de órganos que, si bien previstos en la Constitución para el Estado, presentan algunas dudas acerca de su operatividad y eficiencia cuando su número se multiplica». En este apartado cita la proliferación de los defensores del pueblo, los consejos consultivos y las cámaras de cuentas.

En el caso concreto de los once defensores del pueblo autonómicos, Murcia, Castilla-La Mancha y ayer Asturias ya lo han suprimido, el Gobierno subraya que se ha producido un elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento de los recursos humanos destinados a estas instituciones autonómicas.