La juez Alaya imputa siete delitos al abogado Carlos Leal

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía retomó ayer las indagaciones acerca del cobro de sobrecomisiones en la tramitación de los expedientes e imputó hasta siete delitos al responsable de un despacho de abogados que asesoró a empresas mediadoras y asociaciones de trabajadores, que incluso habría realizado pagos directos a firmas en concepto de adelanto por orden de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

La declaración de Carlos Leal, responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, se prolongó durante toda la jornada. Se enmarca en las citaciones y detenciones realizadas el pasado mes de marzo en el transcurso de la ‘operación Heracles’. No obstante, el análisis de la abundante información incautada en su despacho retrasó su comparecencia hasta ahora. Fuentes judiciales explicaron que Mercedes Alaya estima que tuvo «un rol delictivo» en la trama que se remonta a 1999. Por otra parte, la juez Alaya ordenó ayer un nuevo bloqueo de las cuentas del ex sindicalista y ‘conseguidor’ Juan Lanzas, en prisión hasta que pague una fianza de 450.000 euros, y de su cuñado Ismael Sierra. Lo hizo apenas unas horas después de que la Audiencia de Sevilla anulase el auto con el que la magistrada ordenó hace varios días idéntica diligencia, por entender que la decisión inicial de Alaya carecía de motivación.