Las diferencias laborales, abocadas a la mediación y las decisiones judiciales
La presión, la urgencia y la amenaza no han servido para dinamizar el diálogo social. El efecto ha sido más bien el contrario. Con la profundización en la crisis de fondo (y un escenario mucho más duro tanto para empresas como para trabajadores) el tira y afloja de los derechos y deberes laborales no ha hecho sino ahondar en el enquistamiento. Los sindicatos presumen de ejercicio de responsabilidad con la moderación salarial, pero se niegan absolutamente a perder los derechos sociales y laborales que ha costado décadas de esfuerzo conquistar.
Los empresarios, por su parte, se enrocan en el acoso financiero y fiscal a las sociedades, en la incertidumbre y en la cascada de proyectos fracasados, para intentar limar aquellos aspectos del diálogo social que más les atan.
De fondo, la herramienta que la reforma laboral pone en manos de los empleadores para ejercer descuelgues e incumplimientos de convenio; pero sobre todo a partir de hoy para decidir unilateralmente si se respeta el pacto de caballeros de mantener la negociación (aún más tiempo) y respetar lo conseguido hasta ahora al menos para los trabajadores ya en activo, o ejercer las facultades ya disponibles legalmente e intentar rebajar las condiciones al rasero de mínimos del Estatuto de los Trabajadores.
Los expertos hablan sobre todo de falta de concrección y vacío legal, pero la presumible manga ancha de la actuación empresarial puede tener más límites de los que parece a simple vista.
Muchos expertos consideran que las condiciones de los convenios colectivos pueden pasar, si estos desaparecen como tales, a tomar carta de contratos de cada uno de los afectados. Y no está tan claro que entonces el empresario pueda hacer valer sus intereses unilateralmente.
Aquí entra en juego la segunda parte de esta profunda modificación de las relaciones laborales. Serán los servicios de intermediación laboral los que en su caso tomen cartas en todos y cada uno de los conflictos que se planteen.
Aunque el temor va más allá. Con los juzgados ya al borde del colapso, los encontronazos entre derechos y deberes de trabajadores y empresarios acabarán en tromba en los tribunales. Ellos tendrán ahora la última palabra.