Mas confía en la ley catalana para convocar la consulta soberanista
. El presidente advierte que los catalanes no aceptarán fácilmente que el referéndum no pueda celebrarse .
El plan B de la Generalitat se llama ley catalana de consultas. El presidente Artur Mas arrojó ayer desde Brasil, donde está en visita comercial, algo más de luz sobre cuáles son sus intenciones en relación a la consulta soberanista. En una entrevista al diario O Globo , se mostró dispuesto a llegar casi hasta las últimas consecuencias para poder celebrar el referéndum. «Insistiremos en pactar un acuerdo con el Gobierno español, afirmó, pero si continúa la negativa intentaremos hacer la consulta sobre la base de la legislación catalana».
Lo que no aclaró es qué pasará si el Gobierno central impugna la norma catalana y el Constitucional la suspende. En ese caso, Mas recibirá la presión de sus socios de ERC para que convoque la consulta aun con la prohibición, o si no que opte por unas elecciones plebiscitarias o se decante por una declaración unilateral de independencia en el Parlament.
Mas, en cualquier caso, sigue dando largas a los republicanos a la hora de fijar la fecha, que desde Esquerra desean cuanto antes. «Se hará en esta legislatura, que acaba en 2016, aunque preferiblemente en 2014», señaló. El president de la Generalitat, que presenta a Cataluña por el mundo como una nación con mil años de historia a la que solo le falta ser un Estado, consideró que si el Gobierno central no acepta que el Govern pueda organizar una consulta es porque «teme» el voto favorable a la independencia. Y concluyó con una advertencia: «Los catalanes no aceptarán fácilmente que la consulta no pueda celebrarse».
Esfuerzo ciudadano
Según Mas, a través de un comunicado emitido por el Govern, es Cataluña «quien está financiando al Estado desde muchos puntos de vista», y ha aconsejado al ministro que no presuma de aquello que no tiene. «Si la Generalitat financia servicios públicos es gracias al esfuerzo que cada día hacen los ciudadanos de Cataluña que pagan 16.000 millones de euros que se van fuera de Cataluña y no vuelven. Quien puñetas financia a quién», ha remarcado.