La defensa de los imputados en los ERE abre una brecha en el Gobierno andaluz
El vicepresidente y la consejera de Presidencia se enfrentan por el pago de los abogados.
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, en un acto celebrado ayer.
Un comentario acerca de un futurible va camino de convertirse en la mayor polémica dentro del Gobierno andaluz de coalición, que nunca han podido ocultar sus diferencias a cuenta del caso de los ERE fraudulentos. Los pesos pesados del Ejecutivo mostraron ayer sus posturas irreconciliables en el caso. Mientras el vicepresidente Diego Valderas negó de plano que la Junta vaya a pagar la minuta de los altos cargos imputados en el caso, donde está personada como acusación particular, la consejera de Presidencia Susana Díaz veía «entendible» que se hiciera a posteriori con aquellos imputados que quedasen absueltos.
La bronca saltó el martes cuando el portavoz del Ejecutivo explicó a preguntas de los periodistas que la normativa autonómica contempla la posibilidad de que funcionarios y altos cargos imputados por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones o por órdenes de un superior soliciten que la Junta asuma su defensa. «Es lo que dice la normativa», se escudó. El último auto judicial de la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, implicaba a una veintena de funcionarios y antiguos directivos de la Junta, de los cuales al menos cuatro siguen trabajando en la administración.
La cascada de reacciones, matizaciones a deshoras y pronunciamientos a favor y en contra no se hizo esperar. El Ejecutivo se vio obligado a enviar una nota a última hora de la noche matizando que la norma exige que, además de la petición -algo que aún no ha ocurrido al no haber recibido los implicados el auto-, haya un informe previo de los servicios jurídicos y que la consejería pertinente lo autorice. No negaba que se pudiera llegar a esa situación, y de hecho recordaba que del centenar de imputados hasta ahora en la trama, ya se está abonando la defensa del ex director general de Empleo Daniel Márquez.
Pero la matización de la Junta no ha cerrado el debate. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, insistió el martes en que el Gobierno autonómico «no se va a hacer cargo de ninguna defensa» de altos cargos imputados ni de manera directa ni indirecta. «Por propia coherencia, la Junta no puede entrar en ese camino», aseveró, recordando que existe «incompatibilidad desde el punto de vista de político» dado que la administración ya está personada en el caso.
Sin embargo, su compañera de Presidencia Susana Díaz, cuyo viceconsejero Antonio Lozano es uno de los imputados por Alaya, no se mostraba tan rotunda y decía entender que «lo lógico y razonable» sería que se abonara la defensa a aquellos altos cargos que resultaran inocentes al final del proceso. No obstante, apuntaba que debían ser los servicios jurídicos los que analizaran cada caso.