El Gobierno andaluz recurre el auto que imputa a ex altos cargos por los ERE
El PP pedirá a la juez Alaya que expulse a la Junta como acusación particular.
La ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez es una de las imputadas.
La Junta de Andalucía recurrió el auto que imputaba a una veintena de ex altos cargos y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez, en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Argumenta que la falta de motivación de los delitos y que el sistema de ayudas que se cuestiona estaba incluido en una ley aprobada anualmente por el Parlamento que deja sin efecto la imputación. Tras conocer el recurso, el PP anunció que pedirá a la juez que expulse a la Junta del caso, en el que ejerce la acusación particular, porque «no se puede ser defensa y acusación».
Fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer la presentación del recurso, que se suma a los interpuestos ya por varios de los imputados a título personal, aunque tanto el presidente autonómico como su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, negaron hasta el pasado martes que se contemplase esta opción dado que la Junta ejercía como acusación particular.
En el recurso, los servicios jurídicos de la Junta se centran en que las imputaciones carecen de una motivación profusa, lo que podría desembocar en la nulidad del caso y, por tanto, hacer peligrar el proceso y que la administración regional, personada como acusación particular, no recupere el dinero defraudado. Así, sostienen que la inconcreción de los delitos puede llegar a provocar indefensión de los imputados. Por último, la impugnación subraya que los hechos que describe no constituyen ningún delito penal, y apuntan que se pone en cuestión el principio de legalidad.
En el auto fechado el pasado 28 de junio, la juez Mercedes Alaya implicaba al núcleo duro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y la de Innovación durante la pasada década como conocedores de la irregularidad que, para la instructora, supone usar las transferencias de financiación como mecanismo para abonar las ayudas a empresas en crisis o las regulaciones de empleo.
Las imputaciones más llamativas fueron la de la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, la persona, según Alaya, que «dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación». También apuntaba al ex interventor general Manuel Gómez por haber tenido conocimiento del fraude, que rondaría ya los 140 millones de euros.
Tras conocerse el recurso, el PP andaluz anunció que pedirá «inmediatamente» a la juez que aparte del caso a la Junta porque en un mismo proceso «no se puede ser defensa y acusación», según anunció la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez. La dirigente popular consideró que con su decisión, la Junta evidencia que hay «imputados de primera y de segunda clase», dado que no recurrió otras imputaciones de altos cargos.