Torres-Dulce deja en manos de los fiscales la citación del presidente
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer que la decisión de llamar a declarar por el caso Bárcenas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, corresponde a los fiscales de la causa, «con absoluta autonomía» y conforme a los «objetivos realistas del proceso».
En declaraciones a los medios de comunicación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Torres-Dulce ha aclarado que, en los procesos judiciales, lo que se investiga fundamentalmente son «hechos presuntamente delictivos», mientras que «las responsabilidades de tipo ético, moral, político o de cualquier otra cosa quedan fuera».
Según ha remarcado, la Fiscalía no está «presionada» y desarrolla su trabajo «con la más completa independencia».
«No nos encontramos, ni nos hemos encontrado, ni nos vamos a encontrar en ningún momento, ni presionados por cualquiera de los partícipes en el proceso, ni mucho menos presionados por cualquier medio de comunicación que lo único que hace es ejercitar su derecho a la información y su libertad de expresión», ha asegurado Torres-Dulce.
Ha agregado que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado se encuentran «en la misma posición» en la que han estado «siempre»: examinando los hechos y las pruebas para intentar aclarar si lo que se investiga es delito «desde el punto de vista estricto de la legalidad» y conforme al principio de imparcialidad que consagra la Constitución.
Torres-Dulce subraya que la legitimación de la Fiscalía procede de ese mandato constitucional y ha añadido que las partes de los procesos «sabrán de qué forma» articulan sus «estrategias», dentro de los términos del derecho de defensa.
Torres-Dulce ha manifestado que la Fiscalía no vive las informaciones sobre el caso Bárcenas de ninguna manera que no sea «esperar a que eso se vuelque de una forma procesal». «Nosotros vivimos sólo los procesos, no sólo fuera de los procesos», ha remachado.