El ex interventor señala a Griñán y Chaves por los ERE
. Asegura que las ayudas provocaron desfases presupuestarios conocidos por el Ejecutivo .
Manuel Gómez, ex interventor de la Junta de Andalucía.
El ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, señaló directamente que el Ejecutivo conocía las deficiencias y las repercusiones que el fraude de las ayudas estaba generando. Según Gómez, sería «impensable» que el todavía presidente José Antonio Griñán y entonces consejero de Hacienda no estuviese al tanto.
Gómez se ratificó en lo que ya contó bajo juramento ante el Parlamento autonómico el pasado año y en una carta remitida al presidente de la Cámara pero de forma más contundente. Gómez dijo que «se puede presumir» que el consejo de Gobierno dio el visto bueno al convenio suscrito en 2001 por la Consejería de Empleo y el Instituto Andaluz de Fomento (IFA). Pero con ese sistema de ayudas se escapaba de cualquier control de fiscalización, y pronto comenzarían los desfases de presupuesto que acabaron disparando la partida 31-L de los 640 a 721 millones. Ya con Griñán como consejero de Hacienda, el desfase acumulado rondaba los 93 millones de euros, por lo que el interventor realizó el primero de los informes que remitió a las consejerías implicadas . Gómez asegura que despachó personalmente con la entonces viceconsejero de Hacienda y actual responsable del área, Carmen Martínez Aguayo.
Por tanto, a juicio de Gómez, era «absolutamente impensable» que el responsable de Hacienda desconociera lo que estaba pasando, aunque reconoció que puede que no llegara a conocer el detalle concreto. Sin embargo, Martínez Aguayo ya explicó hace tiempo que ella fue quien atajó esos informes y no los elevó a su superior al no considerarlos relevantes al no detectar menoscabo de fondos públicos. La propia Alaya echa por tierra esta versión y ayer dio por hecho lo contrario. Gómez lamentó que la falta de voluntad política impidió «acabar con el nido de corrupción en 24 horas»
La jueza le preguntó por qué no emitió esos informes que obligaban a adoptar de inmediato medidas y se quedó en las meras advertencias. «Habrían acabado en un cajón, igual que el resto», señaló. Pero reconoció que tampoco estaba obligado a ello al no detectarse perjuicio a las arcas públicas y rechazó haber recibido presiones para no confeccionar esos informes.
Esa indolencia fue destacada en la comisión de investigación, que le señaló como uno de los responsables políticos.