Diario de León

polémica tasa. un pueblo en pie de guerra

La depuradora enturbia San Justo

El pueblo de Celada y medio millar de vecinos se rebelan contra la nueva tasa de depuración de aguas al pagar el primer recibo con cuotas de hasta 900 euros .

Vecinas y vecinos de Celada protestan con sus recibos por el pago de la depuración de aguas residuales frente a la estación de San Justo de la Vega, aguas arriba de su pueblo.

Vecinas y vecinos de Celada protestan con sus recibos por el pago de la depuración de aguas residuales frente a la estación de San Justo de la Vega, aguas arriba de su pueblo.

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ana gaitero | san justo de la vega
León

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Las depuradoras enturbian el verano en el medio rural. Las inversiones millonarias que llegaron como maná de la Unión Europea para limpiar los ríos, pasan ahora factura en San Justo de la Vega, y están a punto de cobro en Valderas. En el Órbigo, donde se ultiman 23 depuradoras para todo el cauce, los alcaldes rezan para que no tener que cobrar tasas antes de las elecciones de 2015.

El primer recibo ha sentado mal en la vega del Tuerto. Los vecinos de San Justo de la Vega, especialmente los ganaderos y el pueblo de Celada, se han levantado en pie de guerra contra el alcalde, Avelino Vázquez, al ver la factura de depuración.

Cuotas de 639, 717 y «hasta más de 900 euros», admite el edil del PP, han pillado por sorpresa a la población. «También hay gente que paga 36 euros y menos. Los que más pagan son los ganaderos porque consumen mucha agua», argumenta. Claro que hay ganaderos que no pagan porque no tienen alcantarillado. Es el caso de Ángel González, concejal del PP, de San Román de la Vega y del vecindario de la urbanización El Tomillar de Celada.

Los que tienen alcantarillado han de pagar religiosamente puesto que se utiliza como referencia este padrón. «Tuve que vender una vaca la semana pasada y gracias que me la pagaron bien. Nos cobra sobre el recibo de agua y no sobre lo que vertimos, cuando nuestros purines no van a la depuradora porque se usan de abono», alega Miguel Aparicio, de San Román.

El enfado es mayor entre el vecindario de Celada de la Vega porque se le aplica la misma tasa que a los otros pueblos. Los vecinos sostienen que el servicio es diferente, mientras el alcalde recalca en un bando que «el sistema de depuración es único y cuenta con tres estaciones depuradoras dimensionadas en función de la población».

De hecho, aseguró al presentar el proyecto hace varios años, las depuradoras de Nistal y Celada son «más sencillas» que la instalación de San Justo, diseñada para una población de 1.500 habitantes. Todas las depuradoras, excepto la de Celada, llevan instalación eléctrica. «Es una fosa séptica que encima no funciona», denuncia Ángel Cepeda, vocal de la Junta Vecinal.

La tasa es para costear los 56.166 euros el funcionamiento de la depuradora, de los que el 40% corresponden al gasto en electricidad de la estación San Justo de la Vega y San Román y la de Nistal. El resto se lo lleva una empresa de Valladolid, Socamex, adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones.

El sistema de depuración en su conjunto está diseñado para 6.000 habitantes, tal y como consta en la Consejería de Medio Ambiente, que invirtitió 3,2 millones de euros en esta infraestructura de saneamiento del río Tuerto. San Justo de la Vega cuenta en su padrón, en descenso, con 1.997 habitantes.

La ordenanza, aprobada por la mayoría del PP en el municipio, estipula una cuota de cinco euros al trimestre más 0,46 euros por metro cúbico a partir de un consumo de 45.000 litros para domicilios y de 7,50 euros y 0,60 euros a partir de dicho consumo para usos comerciales, industriales, de servicios y similares.

No contempla bonificaciones ni exenciones y considera usuarios a todas las personas físicas y jurídicas dadas alta en el padrón de alcantarillado. «Esto no es ningún rejonazo», espeta el alcalde. «La ordenanza se aprobó en el pleno y nadie presentó alegaciones. Ahora vienen los salvapatrias a protestar», se queja.

Los vecinos presentaron 521 firmas en una iniciativa legislativa popular a la que el alcalde hizo caso omiso. En la secretaría municipal han registrado numerosos recursos contra el cobro de la tasa. «¡Qué enfadados estáis en Celada!», comentó una empleada al sellar el recurso de reposición de una vecina. «No es ninguna broma», respondió la mujer visiblemente molesta.

La ILP no se tramitó como exige la ley, y contestó a las quejas con un bando en el que informa de la puesta en marcha de la depuración para que las aguas residuales vertidas al río Tuerto «cumplan con los parámetros físico-químicos» establecidos por las directivas comunitarias.

La mayoría de los recursos han sido rechazados desestimados y se han admitido algunos porque no podemos cobrar la tasa a los que no tienen alcantarillado», señala el alcalde. Avelino Vázquez se siente respaldado por la población. «Soy alcalde desde 1995 y en las últimas elecciones obtuve un concejal más», apostilla.

Con su amplísima mayoría se puso un sueldo de más de 31.000 euros anuales por las funciones como regidor y como encargado de las piscinas y el servicio de aguas de San Justo y Nistal —en lugar de contratar a otras personas— «para compensar» el salario que cobra.

Vázquez no admite los argumentos de Celada, un pueblo de 168 habitantes, que invoca el precepto constitucional de igualdad ante la ley. «En Celada, como en Nistal, no existe el mismo servicio que en San Justo, a pesar de que en el bando emitido se denomine a éstas como depuradoras lo cierto es que no lo son, además de ésto la estación de Celada se encuentra en condiciones deplorables», alega un vecino en su recurso.

«No existiendo el mismo servicio se conculca el artículo 14 de la Constitución Española», puntualiza. Los vecinos están indignados: «El alcalde ha descubierto que el agua corre para arriba porque quiere que paguemos por la depuradora de San Justo y San Román que a nosotros no nos presta servicio», recalcan.

El edil del PP asegura que la depuración es correcta, porque así lo acreditan los servicios de control, y advierte de que los problemas que han sufrido —reventón de aguas sucias durante unas lluvias torrenciales— se deben a problemas de alcantarillado. «Esa red es de la Junta Vecinal y tendrá que arreglarlo. Ya les he dicho que si tienen algún problema que nos lo digan y les ayudamos», agrega.

Revisión para ganaderos

Está dispuesto a reconsiderar la tasa para los ganaderos: «Una vez que veamos el total recaudado se va a hacer un precio especial para los ganaderos para reducir el coste del servicio». Pero no piensa dar marcha atrás en Celada: «Los servicios son comunitarios y se pagan en conjunto, si no fuera así un pueblo como Celada no tendría alumbrado», alega.

Y tampoco va a convocar el acto público que le exigieron con 521 firmas mediante la fórmula de Iniciativa Legislativa Popular, recogida en la Ley de Bases de Régimen Local. El problema, dice, es que «he enseñado mal a la gente porque desde 1995 ni siquiera he actualizado los impuestos al IPC y he hecho obras de reposición de alcantarilado, cementerio, luz sin cobrar nada», afirma.

La «buena situación» económica del municipio, con un presupuesto de 800.000 euros y «sin deudas», se lo ha permitido. «A partir de ahora las cosas ya no serán igual y el que venga detrás de mí tendrá que subir los impuestos», admite.

En la provincia hay 22 depuradoras en funcionamiento, cuatro en construcción (Benavides, Carrizo, Cistierna, Villarejo de Órbigo) y otras cuatro pendientes (Jiménez de Jamuz, Laguna de Negrillos, Valdevimbre y Villamañán), según la Consejería de Medio Ambiente.

Son depuradoras convencionales cuyos costes de mantenimiento ascienden a 134.000 euros más IVA en el caso de Valderas que, con 1.943 habitantes, va a pagar el doble que San Justo por verter al río Cea las aguas depuradas. La empresa adjudicataria, Aqualia, fue la que «mejor oferta presentó», señala la alcaldesa en funciones, Silvia Blanco.

La empresa se hace cargo del cobro de la tasa. El primer recibo se debería haber pasado en julio, pero esperan que el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación responda a unas dudas sobre la repercusión del IVA.

Los costes de depuración de aguas residuales serán diez veces inferiores —4 euros al año por habitante y día— en dos depuradoras experimentales que ha puesto en marcha la Confederación Hidrográfica del Duero en Gradefes y Gordoncillo. Son depuradoras verdes de bajo coste de explotación porque carecen de elementos electromecánicos. Son depuradoras pensadas para municipios pequeños, de menos de 2.000 habitantes, y que requieren parcelas de mayor tamaño ya que se trata de un sistema de limpieza extensivo y no intensivo, como las convencionales.

Aguas sucias en León

Una directiva de la Unión Europea obliga a depurar todas las aguas residuales en 2016. Actualmente, están se depuran las aguas de todos los municipios de más de 15.000 habitantes o equivalentes, apunta la Consejería de Medio Ambiente.

La Mancomunidad de León depura desde 1998, tras una inversión de 18,63 millones de euros en la edar, que cuenta con un sistema de cogeneración, y otros 27 millones de euros en la construcción de los emisarios del Bernesga y el Torío.

En Ponferrada y el Bierzo Bajo (Cacabelos, Villafranca del Bierzo y Camponaraya) la Junta y la Confederación Hidrográfica del Norte inviertieron 65,86 millones de euros. Las depuradoras de Villablino, Astorga y La Bañeza fueron financiadas íntegramente por la entonces Consejeria de Medio Ambiente con una inversión de 9,52 millones de euros.

En municipios entre 2.000 y 15.000 habitantes funcionan las depuradoras de Boñar, Mansilla de las Mulas, Sabero, y Valencia de Don Juan, en la cuenca del Esla-Porma, Pola de Gordón y La Robla, en la cuenca de Bernesga-Torío, Sahagún y Valderas en la del Cea, Santa María del Páramo y San Justo de la Vega en la del Órbigo, y Fabero-Vega de Espinareda, Bembibre y el valle del Sil (Palacios del Sil, Susañe del Sil, Páramo del Sil, Santa Cruz del Sil, Matarrosa del Sil, Tombrío de Abajo y Toreno) en la cuenca del Sil.

Están en construcción la de Cistierna y toda la depuración del río Órbigo desde Llamas de la Ribera hasta Soto de la Vega, cuya entrada en funcionamiento retrasa, en Carrizo, el robo del cable de un transformador hace dos meses. «El mantenimiento va a costar unos 100 euros por vecino», señala el alcalde de Carrizo, José Luis Martínez Matilla por lo que espera que no entre en vigor antes de los comicios de 2015.

En poblaciones menores de 2.000 habitantes, la Consejería de Medio Ambiente ha invertido 2,02 millones en Gordaliza del Pino, Rabanal del Camino y Cuadros y 4 millones en los 13 munipios del Parque Natural Picos de Europa.

Asimismo, ha redactado los proyectos de emisario y depuradoras en Villamañán, Valdevimbre, Castrocalbón, Jiménez de Jamuz, Laguna de Negrillos, Oseja de Sajambre, Caín de Valdeón, Congosto, Santa Elena de Jamuz, Villanueva de Jamuz, Torre del Bierzo, y Canales-La Magdalena. Detrás vendrán los impuestos.

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