España modificará la ley para sancionar a las gasolineras flotantes de Gibraltar
. El Ejecutivo pretende poner fin a un negocio que ofrece beneficios millonarios al Peñón .
Cañete, durante su comparecencia en el Congreso.
El ministro de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, llevará hoy al Consejo de Ministros una propuesta para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El objetivo de la iniciativa es crear un nuevo marco normativo para sancionar el ‘bunkering’ que llevan a cabo empresas afincadas en Gibraltar en las aguas de la bahía de Algeciras. Esta práctica consiste en fondear de forma permanente grandes buques en torno a la costa que suministran carburante a los barcos mercantes que atraviesan el Estrecho.
Según denuncia Medio Ambiente, este tipo de operaciones conlleva un serio peligro para el entorno ante la alta probabilidad de que se produzcan vertidos de combustible al mar. «Debido a los riesgos la práctica de las gasolineras flotantes no se lleva a cabo en ningún otro sitio de los puestos o aguas españolas», destacó ayer Arias Cañete ante la Comisión de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente del Congreso.
La legislación española permite el repostaje marítimo en el caso de que se lleve a cabo por medio de gabarras, que recogen la carga en tierra y la trasladan hasta el barco. La diferencia, explicó Arias Cañete, es que las gabarras transportan 3.000 metros cúbicos de carburante y las gasolineras flotantes que operan en Gibraltar almacenas hasta 100.000.
Más barato
El ‘bunkering’ arroja beneficios millonarios al Peñón que ofrece el combustible a un precio mucho más barato que en el vecino puerto de Algeciras dado el relajado régimen fiscal gibraltareño. En esta línea, y en el marco de la actual crisis, la prohibición a las gasolineras flotantes se traduciría en un duro golpe a las finanzas gibraltareñas y la puesta en práctica de la primera de las medidas anunciadas por el Ejecutivo como respuesta al lanzamientos de cerca de 70 bloques de hormigón en aguas de la bahía de Algeciras por parte de Gibraltar.
Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro explicó que dada la legislación actual resulta muy difícil sancionar la práctica del ‘bunkering’ porque se exige un daño efectivo a la naturaleza. La modificación pretende que las gasolineras flotantes puedan ser multadas simplemente por estar fondeadas en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental, cuya vigilancia corresponde a España y no a Gibraltar por decisión de la Unión Europea.
A preguntas de la oposición socialista, Arias Cañete negó ante la comisión tener vinculación profesional con ninguna empresa dedicada al ‘bunkering’.