Las acusaciones pedirán imputar a quien borró los ordenadores del PP
Dicen que el responsable ha encubierto un delito tras destruir los discos duros .
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, durante la rueda de prensa de ayer.
Avalancha de críticas, acusaciones de manipulación y peticiones de investigación e imputación. Un día después de conocerse que el PP destruyó en abril pasado los discos duros de los ordenadores que usó el ex tesorero Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova 13 se sucedieron las demandas de actuaciones judiciales contra el autor u autores del borrado y contra quienes ordenaron hacerlo.
Los argumentos utilizados por la defensa del PP para explicar su actuación ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, «los equipos se destruyeron tras conocerse el archivo de la denuncia por robo formulada por Bárcenas y en cumplimiento de un protocolo interno regulado por la Ley de Protección de Datos», se quedaron escasos para todos los actores menos para los populares.
En el ámbito judicial, las acusaciones populares del caso Bárcenas, que investiga la supuesta financiación irregular del PP, anunciaron la presentación de una batería de diligencias para aclarar las razones del borrado de las memorias de los dos ordenadores portátiles, que según dijo el ex tesorero al juez contenían información relevante sobre la contabilidad B del partido.
El PSOE pedirá al juez que investigue quién manipuló el ordenador del ex tesorero «y por instrucción de quién», que aclare si se ha cometido un delito de destrucción de pruebas y que «depure responsabilidades penales», según su secretario de Organización, Oscar López. De las acusaciones, quien más lejos llegó fue la formada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados, que confirmaron a Colpisa que pedirán la próxima semana la imputación del responsable de la destrucción de los discos duros en abril pasado.
Encubrimiento
En su escrito avanzaron que acusarán al autor de un delito de encubrimiento, penado con entre seis meses y tres años de prisión, por «ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento». Esto es, por destruir las pruebas de una investigación en curso, ya que el caso de los papeles de Bárcenas se judicializó un mes antes.
La acusación del Observatori Desc solicitó ayer al juez que requiera al PP la identificación de los trabajadores que destruyeron las memorias a fin de que acudan a declarar como testigos y digan si tienen una copia de seguridad. Esta acusación también reclama al juez que remita estos hechos a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid al entender que podrían ser susceptibles de un delito informático, castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.