Rajoy avisa de que no hablará ni una vez más sobre Bárcenas
El presidente vuelve a la estrategia de obviarlo para cerrar el debate político .
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Mariano Rajoy, en contra de su más profunda convicción pero empujado por las críticas internacionales que generaba su silencio, acudió el 1 de agosto al Congreso para reconocer que cometió el error de confiar en Luis Bárcenas, al que calificó de «falso inocente». El presidente del Gobierno quiere sepultar el caso del ex tesorero y aseguró que no volverá a hablar ni una vez más del asunto.
El máximo dirigente del PP vuelve a la negación como estrategia para intentar sacar del debate político las acusaciones sobre la presunta financiación ilegal del partido. Durante su intervención a puerta cerrada ante el comité ejecutivo nacional del PP, Rajoy expresó con claridad que no tiene nada nuevo que decir sobre este asunto. Da por suficientes sus explicaciones y las de los ex secretarios generales del PP Franciso Álvarez Cascos y Javier Arenas y de la actual número dos del partido, María Dolores de Cospedal, que declararon como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Cospedal, una vez más, fue la encargada de dar la cara. «Bárcenas no va a lograr desestabilizar al PP», respondió la secretaria general preguntada por esa posibilidad. La número dos del PP transmitió una de las principales reflexiones que transmitió su jefe de filas a puerta cerrada: «No vamos a estar dando la réplica a un presunto delincuente» cada vez que surge una nueva información.
La secretaria general defendió a capa y espada la decisión de su formación de destruir los discos duros de los dos ordenadores que el partido había asignado a Bárcenas. Justificó esta acción en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Por este borrado Izquierda Unida anunció ayer que propondrá al resto de partes que componen la acusación particular en el ‘caso Bárcenas’ ampliar la querella contra el PP. En concreto, pretende achacar a altos cargos de ese partido un delito de encubrimiento en destrucción de pruebas y una de las personas a las que estudia acusar es Cospedal. Según explicó Enrique de Santiago, abogado de IU, la eliminación de los datos que almacenaban los dos portátiles en los que Bárcenas habría guardado la supuesta contabilidad B del PP podría conllevar una pena de hasta tres años de prisión.