El juez ve indicios de delito del PP al destruir los discos duros de Bárcenas
El cuñado del ex tesorero deberá aclarar las visitas de supuestos donantes en Génova.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.
Lejos de quedar en el olvido, la destrucción de la memoria de los ordenadores de Luis Bárcenas sigue trayendo de cabeza al Partido Popular, sobre todo después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz apreciara ayer «relevancia penal» en estos hechos.
El instructor del denominado caso Bárcenas, la supuesta financiación irregular de los populares, considera que pudieron cometerse los delitos de encubrimiento y de daños informáticos, pero traslada el caso a un juzgado ordinario de Madrid para su investigación.
Ruz sigue así los pasos de la Fiscalía Anticorrupción y se posiciona en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa, que solicitaban la apertura de una investigación en su juzgado. El fiscal Antonio Romeral le expuso en un escrito previo que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance del proceso de la contabilidad secreta del PP, aunque dejó la puerta abierta a su remisión a un juzgado ordinario de Madrid.
Así, una de cal y otra de arena para las acusaciones populares, que ven como Ruz ve indicios delictivos en la eliminación de la memoria de los ordenados del ex tesorero, pero no encuentra motivos para asumir las pesquisas en la Audiencia Nacional.
Los hechos se remontan a finales de abril pasado, cuando el PP destruyó el contenido de las memorias de los dos portátiles que usó Bárcenas en la sede madrileña de Génova 13 hasta que agotó el finiquito acordado con la cúpula popular. Este acuerdo incluía un sueldo fijo mensual, despacho, secretaria y chófer cuando lo requiriera.
El abogado de los populares, Alberto Durán, justificó entonces que la decisión de eliminar los equipos se tomó tras el archivo de la denuncia por robo que Bárcenas presentó en un juzgado de Madrid. Esta resolución se produjo el 21 de abril y los discos duros se destruyeron pocos días más tarde.
En el auto de ayer, Ruz recuerda que el ex senador ya estaba imputado en la causa que investiga la trama Gürtel y la nueva pieza sobre la presunta contabilidad B del PP. El magistrado asegura que estos «acontecimientos procesales constituían, al tiempo de la supuesta destrucción del material informático, hechos notorios por su difusión pública, siendo directamente conocida la apertura de la causa por el Partido Popular, que en aquel momento estaba personado como acusación popular».
El juez también advierte a la formación de que, tras la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas -como el propio PP- pueden ser consideradas responsables del delito de daños informáticos. Por todo ello, y siguiendo la postura de la Fiscalía, se inhibe a favor del juzgado de instrucción de Madrid que corresponda por turno para que éste decida si procede la apertura de diligencias de investigación.
En otro auto, Ruz acepta la petición formulada por la acusación popular para que preste declaración como testigo el ex jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente el 30 de septiembre. En este caso, Anticorrupción se había mostrado favorable a las diligencias para aclarar las visitas de supuestos donantes imputados en la causa a los despachos de Luis Bárcenas y el ex tesorero Álvaro Lapuerta en Génova 13.
Para rizar más el rizo, se da la circunstancia de que De la Fuente es el cuñado de Bárcenas y trabajó como máximo responsable de la seguridad del edificio hasta el pasado julio, cuando el partido le relevó de sus funciones, que incluía el acceso y la vigilancia de los sistemas informáticos.